Asturias se la juega

A diferencia de algunos territorios, Asturias no tuvo problemas de encaje dentro del nuevo marco autonómico. Los representantes políticos y la sociedad participaron con normalidad en el tránsito de un Estado centralizado a otro donde las regiones asumían las competencias sobre los principales servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales). La creación de las comunidades autónomas, más allá de su dimensión administrativa, contribuyó al debate de las identidades. En nuestra tierra no tuvimos ningún problema en asumir la doble condición de asturianos y españoles. De ambas nos sentimos orgullosos. Para que no haya equívocos, digamos que la armónica convivencia de las dos identidades no es debida a la debilidad de la impronta asturiana. Al contrario. Venimos de un pasado altomedieval determinante para el proceso que llevó siglos más tarde a la formación del Reino de España. La Junta General del Principado recibe el nombre del órgano de representación que hubo en nuestra tierra desde el siglo XV hasta la primera guerra carlista. Tenemos la lengua oficial, el castellano, y dos lenguas propias. La singularidad de Asturias estriba en conjugar una fuerte personalidad, labrada en una historia plena de hechos relevantes, con la identidad española. El 8 de septiembre siempre tuvo una dimensión cultural, artística, festiva, lúdica, propicia para el sentir colectivo, mientras que fechas similares en otras latitudes sirven, año tras año, para impugnar el Estado democrático.

Los distintos gobiernos asturianos, así como las centrales sindicales, plantearon demandas concretas ante los sucesivos gobiernos centrales. Hubo consensos y disensos. Estos últimos llevaron en alguna ocasión a la convocatoria de huelgas generales en la región. Pero nadie cuestionó la naturaleza del Estado, ni su extensión territorial y el ejercicio de sus competencias. Asturias siempre fue leal a la Constitución.

En el presente tenemos diversos problemas que van desde el declive demográfico, hasta el desempleo juvenil, pasando por los desorbitados costes de la transición a la industria verde, las listas de espera hospitalaria y el deterioro de la atención primaria, la mejora de la red ferroviaria de cercanías, la dificultad para acceder a la vivienda, el déficit de la oferta sociosanitaria o el cierre de explotaciones ganaderas. El futuro de Asturias pasa por resolver estos problemas. A todas estas cuestiones se ha venido a sumar una novedad inesperada, el abandono de Cataluña del régimen común de financiación autonómica para acceder, por la vía de la bilateralidad, a un modelo singular consistente en gozar de soberanía fiscal, con Agencia Tributaria propia. Según los expertos, las comunidades más perjudicadas con el nuevo estatus de Cataluña serán las que tienen menor renta y la población más envejecida.

Asturias se la juega en este envite. Si el acuerdo entre PSC y ERC, avalado por el Gobierno de España, se aplica, habrá una transferencia de recursos de la caja común a las arcas catalanas de hasta 13.200 millones. El Estado quedaría muy debilitado y la solidaridad interterritorial se diluiría. Si el Gobierno recurre a subir el IRPF para resarcirse de la pérdida de recursos, deberá elevar el tramo estatal del IRPF en un 29,5%. Un esfuerzo enorme de los ciudadanos para sostener el sistema de financiación más asimétrico que se haya planteado nunca en la etapa autonómica. El Principado, como otros gobiernos de regiones afectadas por el envejecimiento y la pérdida de población, tienen que rechazar sin ambages el pacto fiscal catalán. No cabe aceptar otra opción que la reforma del actual modelo de financiación para reforzar las prestaciones sociales.