Desconocemos qué dirán hoy los responsables de ITVASA –la empresa del Principado que gestiona las ITV– a los vecinos de Granda. No sé, supongo que algo mágico y sobrenatural. Una cosa como: «Es que encontramos en la parroquia una xana y dijo que este era ... el lugar para la nueva estación de inspección de vehículos en Gijón». Supongo, digo, que serán de esa índole las razones aportadas para convencerles, porque, la verdad, si no tampoco se entiende. Llegados a este punto el Principado sigue sin aceptar una ubicación alternativa. Todo ello, pese a la férrea oposición civil y política a crear la primera ITV en Asturias fuera de un entorno industrial. En cuanto a lo primero, destaca la lucha de los habitantes de Granda que desde un primer momento se opusieron a que las caleyas se llenasen de coches. Error de cálculo: los mandamases de la Consejería de Industria creyeron que sería algo temporal y fugaz. «Ya se cansarán», seguro que pensaron. Sin embargo, sus protestas han ido calando en la sociedad gijonesa y son asumidas como propias.
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En cuanto a lo segundo, la parte política, está tan revuelta o más que la civil. Durante esta guerra ha habido daños colaterales evidentes: las relaciones entre el Ayuntamiento y el Principado han quedado bastante tocadas. Más que nada, porque los primeros se desentendieron del asunto desde un primer momento. Vamos, como quien coge una brasa con la mano. No han parado de repetir que deben atender a legalidad urbanística, incluso se disculparon por tener que hacerlo. Ojo, todo ello entre administraciones que son del mismo partido (PSOE). También, de forma coral, la semana pasada hubo una oposición frontal por parte del resto de los partidos del Parlamento asturiano. Absolutamente sin ninguna excepción (IU, Unidas-Podemos, PP, Foro, Vox y Ciudadanos) se pronunciaron en contra durante una comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica. El responsable de defender la actual ubicación elegida, el diputado socialista René Suárez, llegó incluso a recurrir a la épica. Poco menos, acusó al resto de formaciones de querer que este proyecto fracase para «privatizar las ITV». Recordemos que solo dos comunidades en España (Asturias y Andalucía) siguen manteniendo una gestión pública. A su vez, la portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez, insistió en que este emplazamiento es el «más viable» y que permite «los mejores plazos». Sin duda, se le apareció la xana.
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