Un modelo a imitar

Pero a lo que vamos. El pasado martes este periódico celebró una jornada sobre la acuciante necesidad de la vivienda en la que el gobierno local gijonés presentó el llamado 'Plan Llave'. En ella dijimos que el modelo elegido por el Ayuntamiento para atender la demanda de un techo digno no es el único posible, pero sí se trata de una solución a imitar por el municipalismo de este país. El plan supone desplegar toda la capacidad que tiene la administración local para paliar un problema que se ha convertido en la mayor preocupación ciudadana, a tenor de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En los últimos meses se han venido sucediendo manifestaciones en distintas localidades españolas para protestar por la crisis de la vivienda. El malestar tiene su origen en la nula oferta de pisos protegidos, tanto de compra como de alquiler, la demanda creciente y los precios desorbitados de los inmuebles, que se alejan de las posibilidades económicas de una inmensa mayoría de la población.

La crisis de la vivienda está derivando en una crisis social. Una buena parte de la sociedad se ve en la tesitura de quedar excluida de un bien, que es un derecho constitucional. Y la responsabilidad de garantizar ese derecho no cabe duda de que la tiene la administración. Son los políticos quienes disponen del mandato para solucionar un desequilibrio que está haciendo más profunda la brecha de la desigualdad. Del mercado enloquecido por la especulación, la irrupción de fondos buitres y el fenómeno de los pisos turísticos, tiene gran parte de culpa el estrepitoso fracaso de la política pública llevada a cabo en las últimas cuatro décadas en España. Las instituciones destinaron más de 200.000 millones de euros a promover la vivienda, pero el 80% de esos recursos se canalizaron a través de las deducciones fiscales a la compra, mientras que la inversión directa en pisos de protección fue claramente escasa. Se abandonó la promoción pública, no se desarrollaron apenas bolsas de suelo para edificar casas asequibles, ni para adquirir ni para arrendar. Y ahora se están pagando las consecuencias de esa dejación.

Cuando tanto se habla del ejercicio de la política útil y de estar al lado de la gente, ¿qué mayor utilidad se le puede dar a la política que atendiendo a la necesidad social de promover la construcción de pisos a precios accesibles, proteger a los arrendadores para que alquilen sus inmuebles con garantías o favorecer que salgan al mercado las miles de viviendas vacías que hay por todos los rincones? Política útil es la colaboración público-privada, el pacto entre administraciones y el apoyo a las iniciativas encaminadas a solucionar este gravísimo problema. No lo es la obstaculización ni el intervencionismo por razones de sesgo ideológico.

Pues bien, el plan del Ayuntamiento de Gijón cumple las premisas de la utilidad. Marca un camino, que puede servir perfectamente de ejemplo para otras administraciones locales que tengan en sus manos la posibilidad de facilitar suelo al servicio de este menester. No se trata de edificar viviendas sociales, la ruta para ello es otra, pero sí pisos a precios razonables, tasados por ley, acordes con la capacidad de un asalariado que percibe un sueldo modesto de hoy. Dentro de unos días, esta misma semana entrante, el ejecutivo consistorial dará el pistoletazo de salida de las primeras parcelas municipales que se destinarán a la construcción de las nuevas viviendas de protección concertada. Serán 120 pisos de un total de más de medio millar que prevé el programa. El éxito dependerá de la respuesta del sector, aunque el mayor hándicap sigue siendo los plazos. Pese a que los trámites se acortan, en el mejor de los casos las viviendas no estarán disponibles hasta dentro de cuatro años. La burocracia no tiene remedio. En ese sentido, hay problema para rato.