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En octubre de 2018, la patronal asturiana presentaba en un multitudinario acto en el Auditorio Príncipe Felipe un documento que llevaba por título 'Veintidós acciones ... ineludibles para el progreso de Asturias', que incluía como una medida esencial para impulsar la economía regional la eliminación de la discriminación fiscal. La Federación Asturiana de Empresarios ponía el foco en la elevada presión fiscal existente en la comunidad autónoma respecto a otros territorios que se estaban convirtiendo en «nodos de atracción de la actividad empresarial y de la concentración de patrimonio», como entonces estaba ocurriendo con Madrid. En aquel momento gobernaba en Asturias Javier Fernández, pero Adrián Barbón, que ya había sido elegido por el partido socialista candidato a la Presidencia del Principado para las elecciones de mayo de 2019, trazó una raya en cuanto a la política tributaria que tenía programada llevar a cabo si alcanzaba el poder: El modelo fiscal no se iba a tocar. Compartía prácticamente todos los aspectos que recogía la hoja de ruta que planteaba la organización empresarial salvo expresamente el apartado veinte referido a la alta imposición.
Seis años después, la fiscalidad sigue siendo uno de los grandes caballos de batalla en la región. La preocupación, incluso, ha ido 'in crescendo' ante el aumento de las diferencias que se vinieron registrando durante ese periodo en el entorno autonómico. Hay muchos factores que influyen en la competitividad empresarial de un territorio. El coste de los recursos humanos, de la energía, del acceso a las materias primas, del suelo, las comunicaciones, la burocracia… Indudablemente, la presión fiscal también es un elemento determinante en el mantenimiento y la captación del capital, de los profesionales y del talento. Sin embargo, de manera incomprensible, Asturias ha optado por no utilizar esa receta para estar a la altura, como mínimo, de lo que ya se está aplicando con absoluta normalidad en prácticamente el resto de regiones.
Recientemente la presidenta de Fade, María Calvo, volvió a incidir en este aspecto en un encuentro que mantuvo con el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, transmitiendo lo que sigue siendo un clamor en el mundo empresarial asturiano, en cuanto que cercena la actividad e impacta en el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma. Esta misma semana, el profesor de Hacienda Pública, Santiago Álvarez, en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo, desgranaba en su estudio las diferencias existentes en la fiscalidad de los territorios y sus efectos en la competitividad. Del análisis se extraen tres conclusiones importantes: Asturias es la tercera región entre todas las comunidades de régimen común con la carga fiscal más elevada en el tramo autonómico del IRPF. Se sitúa en cuarta posición teniendo en cuenta los tres impuestos personales relativos a la renta y a la riqueza, es decir IRPF, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, justo por detrás de Cataluña, Madrid y Baleares. Y lo más relevante, ocupa el quinto lugar por la cabeza en presión fiscal autonómica y el noveno en Producto Interior Bruto per cápita. Es decir, el esfuerzo que los contribuyentes asturianos hacen para pagar los impuestos es mucho mayor a aquellos que residen en otras regiones con más renta y riqueza. En definitiva, la Administración exprime su capacidad recaudatoria al máximo nivel, dejando menos dinero para consumir, ahorrar e invertir que en otros lugares de España.
El estudio en cuestión viene precedido por otro buen número de informes que avalan la desventaja competitiva que supone el mantenimiento del modelo fiscal adoptado por el Gobierno asturiano con la excusa de disponer de la suficiencia necesaria para el sostenimiento de los servicios públicos. Lo han venido diciendo en los últimos meses el Instituto de Estudios Económicos, la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, el Colegio de Economistas o la Asociación Española de Asesores Fiscales. Con ese modelo, Asturias seguirá teniendo permanentemente una barrera para el crecimiento de la que carece nuestro entorno.
El Principado defiende su política tributaria bajo la llamada 'vía fiscal asturiana' como rasgo ideológico diferenciador de lo que se aplica en otros lugares del país. Sin embargo, una buena parte de las deducciones y bonificaciones que incluye en esa cesta de rebajas fiscales también se pueden encontrar en otras comunidades más condescendientes con quienes contribuyen a generar actividad, crecer, crear empleo y sostener, de esa manera, el estado de bienestar. La 'vía fiscal asturiana', en ese sentido, empieza a ser una marca poco original, compatible además con otras fórmulas que permitan incrementar la competitividad como territorio. En todo caso, haría bien el Gobierno regional en explicar con datos los resultados obtenidos hasta ahora mediante esa receta respecto a los objetivos perseguidos. Teniendo en cuenta que el coste para las arcas públicas alcanza los 50 millones de euros, sería un buen preludio del debate sobre los próximos presupuestos.
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