Al borde del precipicio

La sensación de vivir al borde del precipicio no es desde luego nada novedosa. El jueves decía el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que el candidato Pedro Sánchez «es un peligro para la democracia española» porque pilota una operación de cambio de régimen constitucional. Y pedía actuar frente a esta deriva. Palabras gruesas que van más allá de lo que puede ser un llamamiento sensato a la movilización.

Una de las fallas más agudas del sistema político es la sensación de que ni PP ni PSOE comparten un mínimo común denominador ante determinadas cuestiones de Estado. La guerra política de bloques sin cuartel ha terminado por desfigurar la apuesta por los amplios consensos sobre los que conviene fundamentar una democracia avanzada. Esta conclusión es tan obvia como descorazonadora.

El juramento constitucional de la princesa Leonor al cumplir su mayoría de edad ha puesto de manifiesto una paradoja. El dique real de contención en la sociedad española de la actual monarquía constitucional es el PSOE, el mismo partido que defiende una polémica investidura basada en la ley de amnistía y que ha pactado con partidos que no forman parte del pacto constitucional.

En este escenario tan contradictorio la cúpula del PP ha activado una estrategia de máxima presión que se fundamenta en la deslegitimación democrática del presidente en funciones y del futuro Gobierno de coalición. En el fondo, nada nuevo bajo el sol, más de lo mismo, pero con un acento de mayor gravedad, con un marco ideológico basado en la extrema demonización de la figura de Sánchez, que ha realizado una apuesta con riesgos que nadie sabe cómo puede terminar. El futuro no está escrito de antemano aunque la división que se percibe introduce una gigantesca distorsión en la política y el trazo grueso gana la partida por goleada.

Los populares quieren maniobrar desde el Senado para torpedear la legislatura y retrasar unos meses la ley de amnistía, que consideran una traición a la dignidad de una nación que vive, según su relato, al borde de la disolución. Los ocho vocales conservadores propuestos por el PP para el CGPJ pretenden un pronunciamiento de este órgano que advierte de la ruptura de las reglas de juego si se aprueba la ley de amnistía.

Este país está bastante acostumbrado a que la derecha en la oposición se instale en una hiperventilación permanente cuando no detenta el poder. No le importa demasiado que en la sociedad española, excepto los polos más radicalizados, no haya prendido su lenguaje hiperbólico. La gente tiene sus problemas, algunos muy graves por cierto, pero hay fatiga de esa cultura permanente de la agonía y la catástrofe. Se podrá criticar y se podrá desconfiar de la ley de amnistía. Se puede incluso asumir que la propuesta parece que ha aceptado, al menos en parte, la narrativa del independentismo sobre el 'procés', aunque excluya un referéndum de autodeterminación como pedía el secesionismo. Pero algunas líneas rojas no deben rebasarse nunca.

Cuando se azuza sistemáticamente la violencia verbal en el espacio público, algo serio se empieza a quemar en la casa común. Por eso resultan graves esos mensajes de ruptura que se trasladan a la ciudadanía estos días. Nos invade una nueva marea viva de odio abierto en canal. Unas palabras encendidas pueden ser un ejercicio supremo de irresponsabilidad, una cerilla sobre el barril de pólvora. Salvando las evidentes distancias, en su tiempo esta intransigencia verbal contribuyó al colapso de la II República por la asfixiante presión de la retórica y la radicalización de las diferencias más extremas. No tenemos que irnos muy lejos para recordar la historia.