El bolsillo y la identidad

El PP de Alberto Núñez Feijóo hará bandera beligerante de su oposición al nuevo pacto fiscal catalán a partir de una denuncia clara: se ha roto la igualdad entre territorios y entre ciudadanos. La acusación pretende equiparar este acuerdo con el mantenimiento del 'procés' soberanista. La salida de Cataluña del régimen común, si se confirma, exige un cambio en la LOFCA para el que no existe en este momento una mayoría suficiente. Si se confirmase, se habría dado un salto gigantesco. El propio Ramón Jáuregui, impulsor en 2012 de la Declaración de Granada –que era un pacto de mínimos en el socialismo español para abordar la reforma territorial de España– considera que se trata de una mutación de carácter confederal y no federal, y que muy difícilmente va a ser aceptada por otras comunidades. Estas modificaciones se han hecho siempre por un consenso amplio desde el inicio de la Transición entre el PP, el PSOE y los partidos nacionalistas, opina, e iniciar este camino de forma unilateral encierra serios peligros. Eso sí, Jáuregui sí entiende que la operación que impulsa Pedro Sánchez forma parte de un proyecto muy ambicioso a largo plazo, que es desactivar en Cataluña el problema independentista que ha aflorado con fuerza en los últimos 15 años. Además, apunta una reflexión. La incapacidad del PP para evolucionar su discurso autonómico y asumir la nueva realidad de España explica también determinadas tensiones territoriales que necesitan vías de salida. El apaciguamiento puede provocar una hoguera de resentimiento en el resto de España. Esa es la paradoja histórica que Sánchez traslada al PSOE.

El argumentario de los populares, sin embargo, entiende que en vez de ser un cortafuegos al soberanismo, el entendimiento PSC-Esquerra incentiva el apetito nacionalista con un ataque a la soberanía española que es una agresión directa al bolsillo de la ciudadanía. Y son palabras mayores. Y sostiene que cualquier aproximación hacia el federalismo o la plurinacionalidad es una cesión al independentismo que destruye la nación española en lugar de drenar, a largo plazo, el caldo de cultivo en el que crece el independentismo.

El debate se ha situado entre estas dos posiciones sin que aparentemente se perciban puentes de conciliación. El PP, de hecho, intenta azuzar las contradicciones en el PSOE, que haberlas haylas, pero cabalga a veces sobre una visión de España tan alérgica a la diversidad que corre el riesgo de espantar a la periferia e incitar al cierre de filas. Acusa a Illa de reactivar el 'procés', como en su momento responsabilizó al Gobierno de Rodríguez Zapatero de permitir la victoria de ETA al dar luz verde al final dialogado del terrorismo. La misma hipérbole puede reaparecer ahora al reabrirse la caja de Pandora de los agravios territoriales. Este debate toca una fibra más sensible que las cuestiones identitarias: el bolsillo de los ciudadanos. La tecla más emocional, que los socialistas intentan replicar cargando con fuerza contra los recortes a los servicios públicos de sus adversarios.

La legislatura, en todo caso, camina sobre la cuerda floja y no es posible descartar ningún escenario. Ni siquiera que Junts rechace el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado y deje el mandato de Sánchez herido de muerte. Ni que Sánchez decida mantenerse contra viento y marea al frente del Ejecutivo de coalición, a pesar de no poder aprobar ni los Presupuestos ni las iniciativas más importantes.