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Imagínense que un grupo de alumnos tiene por costumbre reventar las clases y romper la convivencia que se debe exigir en el aula. El profesor amenaza reiteradamente con aplicarles el reglamento, al objeto de poder dar clase con normalidad a los otros compañeros, que están ... hartos de soportar tonterías, salidas de tono y faltas de respeto. Los alumnos disruptivos saben que las advertencias quedan en eso, pues el profesor amenaza y amenaza, pero nunca pone al corriente de los hechos al jefe de estudios. El profesor ya no aguanta más y decide dar parte a jefatura para que aplique el reglamento. El jefe de estudios desautoriza al profesor, no los sanciona y conmina a los alumnos a que le pidan perdón. ¿Creen que los discentes modificarían su conducta, si no hay sanción?
Pues bien, el símil anterior -salvando, obviamente, distancias abismales- viene a cuento a propósito de la intención del ejecutivo de indultar a los presos del 'procés'. El indulto es una prerrogativa del poder ejecutivo y se aplicó en democracia muchas veces. Según fuentes consultadas, desde el advenimiento de la democracia, se han concedido más de 10.000 indultos, por parte de los gobiernos del PSOE y del PP. Lo que muestra que más que hacer uso, reconocido por la legislación penal vigente, el ejecutivo ha abusado de esta potestad.
Si bien la mayoría han sido controvertidos, pues se ha indultado a golpistas, políticos corruptos y personas culpables de terrorismo de estado; este es mucho más escandaloso en las circunstancias actuales de polarización política. A mi modo de ver indultar a los presos del 'procés' es gravísimo, atendiendo a las siguientes razones: En primer lugar, lejos de buscar la convivencia, la concordia y ser un paso para solucionar el problema catalán, busca claramente una rentabilidad política. Se convierte en calderilla de cambio para que los partidos independentistas sigan apoyando al gobierno en votaciones puntuales y para que éste pueda conformar mayorías para aprobar determinadas leyes y presupuestos. Lo que permitirá al PSOE seguir gobernando, pero cediendo al chantaje de los partidos independentistas catalanes.
Segundo, este indulto político pone en entredicho la división de poderes de nuestro Estado de Derecho. Desautoriza al Tribunal Supremo -posicionado en contra del indulto- que llevó a cabo un juicio impecable, con todas las garantías procesales para los encausados y que, dada la complejidad técnica de esta clase de procesos, con muchos encausados y potentes defensas, es un despilfarro de esfuerzos materiales y procesales. Todo quedaría en un mero espectáculo y una farsa. Los hechos juzgados no son banales porque han roto la convivencia entre españoles.
Tercero, volviendo al símil del principio, si se indulta a los condenados y además se pretende cambiar la legislación penal para suavizar el delito de sedición, teniendo en cuenta que ni siquiera han mostrado arrepentimiento, e incluso han proclamado a voces que lo volverán a hacer, el indulto les dará alas para seguir erre que erre, y volverán -al igual que los alumnos disruptivos a los que no se sanciona- a desequilibrar el marco institucional.
Cuarto, el PSOE se contradice: decían que los culpables del delito de sedición cumplirían íntegramente las penas y acusaban al ejecutivo de Rajoy de haber judicializado la política. Según afirmaban entonces, el problema catalán es un problema político y su solución es política, no judicial. Ahora que están en el poder, indultan a los condenados, eso es politizar la Justicia.
Y por último, el Ejecutivo no puede decir que aplicar la legislación vigente -cometido del Tribunal Supremo y de la Fiscalía- a los que intentaron un proceso de secesión unilateral, sea un acto de castigo y el indulto busca la concordia; todo lo contrario, aplicar las leyes no es reprimir los derechos de los ciudadanos, sino protegerlos para que se respete el marco constitucional. El resultado es que con este indulto, la izquierda no rebate al nacionalismo, sino que acepta su relato. Dialogar después será aceptar sus tesis delirantes.
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