El caos autonómico obstaculiza las ayudas al coche eléctrico

En el actual Moves II, dotado con 100 millones, los compradores de vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de hidrógeno reciben entre 1.900 y 5.500 euros, dependiendo de si entregan o no un vehículo para achatarrar. El nuevo programa, que aún no tiene nombre oficial, no terminará de perfilarse al menos hasta después de que se cierre la convocatoria de proyectos que Transición Ecológica mantiene hasta el 29 de enero para decidir cómo gastar los fondos europeos, de los cuales 1.100 millones irán a movilidad sostenible.

Ribera, no obstante, trasladó a las comunidades autónomas, durante la conferencia sectorial de energía, que seguirán siendo las encargadas de gestionar estas partidas. Por tanto, y aunque el Ejecutivo se reservará parte de los fondos para impulsar actuaciones supra autonómicas de gran envergadura (como el desarrollo de corredores de infraestructura de recarga), se mantendrá la principal traba de este tipo de ayudas: las disparidades de gestión entre CC.AA..

«Ahora mismo nos encontramos con 17 planes diferentes, y en algunos casos se generan agravios comparativos», explica Raúl Palacios, presidente de la asociación nacional de vendedores de vehículos, Ganvam. Un ejemplo extremo es Baleares, que en octubre, cuatro meses después de que se publicara el plan en el BOE, optó por desmarcarse e impedir que se beneficiaran los compradores que no entregaran un coche para achatarrar. «Sin duda, hace falta simplificar la gestión y la tramitación en todo el territorio nacional», asegura Palacios. «El Moves precisa de una revisión en su gestión y tramitación, que debería de ser centralizada o, al menos, mucho más homogénea para todas las comunidades autónomas», coincide Arturo Pérez de Lucía, director general de la asociación para el fomento del vehículo eléctrico, Aedive. Ambos, preguntados antes de que Ribera desvelara los primeros detalles del futuro plan, coinciden eso sí en que el Moves actual funciona («es interesante y necesario», dice Pérez de Lucía, que destaca que el año pasado se vendieron un 44% más de eléctricos mientras que el mercado cayó un 32%) pero, como expresa Palacios, «tiene que funcionar mejor».

Joan Groizard, director general del IDAE, encargado de articular las ayudas, admite que «no existe la convocatoria perfecta», y avanza que la siguiente contará con «nuevos instrumentos y mayor flexibilidad», para ejecutar mejor unos fondos mucho mayores. Ahora bien, afirma que la interlocución, tanto con el sector como con las autonomías, «es fluida», y, en general, dice, la valoración del plan «es positiva». Recalca que ya hay autonomías, como Cataluña, que han ejecutado el 100% de los fondos, pese a que aún quedan seis meses para que expire el plazo previsto para un programa con una duración inicial de un año. E insiste también que la experiencia con el Moves «ha sido clave para establecer la movilidad eléctrica como una de las patas del plan de recuperación».

Aunque se trataba de la segunda edición, tan solo ocho autonomías lograron convocar los fondos dentro del plazo de tres meses que pedía el IDAE. Y dos, Murcia y Extremadura, no lo han hecho hasta este enero, con cuatro meses de retraso. Las ayudas se distribuyen además en función del censo de población, y no del peso del mercado, lo que hizo que Madrid y Cataluña agotaran sus fondos con rapidez. Mientras, el 48% de las ayudas aún siguen sin desembolsarse, paralizada en autonomías sin demanda para este tipo de vehículos. Tampoco hay certezas sobre qué ocurre con los compradores de las regiones donde ya no hay fondos, sumidos en un limbo hasta que se apruebe el próximo plan de ayudas. Desde Transición Ecológica se esgrime que el reparto autonómico se debe a que varias sentencias del Tribunal Constitucional obligan a ello. Acusan también a algunas autonomías, como Madrid, de no haber hecho uso de las flexibilidades que permite el programa, que contempla traspasar fondos entre las cuatro diferentes partidas (incentivo a vehículos, a la red de recarga, a los planes de movilidad de empresa y a los sistemas de bicicletas compartidas eléctricas) y apuntan que las regiones sin fondos podrían complementar su dotación con recursos propios.