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salvador arroyo
Jueves, 15 de julio 2021, 04:15
Bruselas extiende el certificado de defunción para los vehículos de gasolina, diésel e híbridos . A partir de 2035 no se permitirá la matriculación de ningún coche nuevo de estas características en la Unión Europea. De hecho, no estará autorizada ya su producción, lo ... que coincide con el horizonte que se han marcado grandes marcas europeas, como la alemana Volkswagen o la sueca Volvo, para abandonar definitivamente los motores de combustión interna y jugárselo todo a la carta de las cero emisiones. La ruta alternativa -con la perspectiva de este 2021 y salvo revolución tecnológica- solo contempla ya dos bifurcaciones: electrificación o hidrógeno.
Y aunque en la práctica no supone el veto a la circulación de los vehículos 'no verdes' que se hayan vendido con anterioridad a la fecha de referencia, sí tiene un componente disuasorio. Primero por el efecto psicológico de que marcar un año para 'el final'. Pero además, porque el transporte por carretera entrará en un nuevo régimen de comercio de emisiones (como el sector aéreo o el de la navegación). Consumir CO2 tendrá un coste. Y eso hace previsible una tasa que incrementará el precio de los combustibles. En definitiva, saldrá caro seguir al volante de un coche al uso. Incluso, el híbrido, que se había planteado como modelo de transición también se condena.
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Esta cuenta atrás para la automoción convencional destaca entre las medidas concretas que lanzó ayer la Comisión Europea para pisar el acelerador en la lucha contra el cambio climático. Deberán aún ser negociadas con el Parlamento Europeo y, posteriormente, aceptadas por los Veintisiete que en este asunto tienen muy marcadas sus distintas sensibilidades. Es decir. al menos dos años por delante para hacerse realidad.
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Para 2030 se espera que ya haya al menos treinta millones de coches-cero circulando por la tupida red viaria europea. El corte definitivo llegaría un lustro después. «Todos los automóviles nuevos a partir de 2035 serán de cero emisiones», se subraya. Y para garantizar que los conductores son capaces de cargar sus vehículos de forma «confiable» en toda Europa, se requiere a los Estados miembros que amplíen y mejoren las infraestructuras existentes. Se propone, de hecho, que haya 'electrolineras' en las principales carreteras cada 60 kilómetros. En el caso de los puntos de recarga de hidrógeno, la distancia máxima será de 150 kilómetros. La Comisión calcula un desembolso público-privado de 15.000 millones. España fía esos objetivos al primer PERTE, dedicado al vehículo eléctrico, presentado el martes.
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