Faltan 7 millones de puntos de recarga para cumplir los objetivos de emisiones en 2030

En su opinión, la propuesta de la Comisión de reducir el 55% de las emisiones de CO2 para 2030, en comparación con 2021, solo sería posible con un aumento masivo de la infraestructura para llegar a un total de unos 7 millones de cargadores, en comparación con los 3,9 millones propuestos por la Comisión y los poco más de 200.000 disponibles en la actualidad.

El director general de la asociación ha destacado que es importante que el reglamento sobre el CO2 y la propuesta de reglamento sobre la infraestructura (AFIR), que establece objetivos de despliegue vinculantes para los Estados miembros, deben considerarse como un paquete interrelacionado y cualquier cambio en el nivel de ambición de los objetivos de CO2 debe reflejarse en las metas de despliegue de infraestructuras.

Los objetivos de CO2 que propone el eurodiputado suponen que incluso esos 7 millones de cargadores no serían suficientes, mientras que para los objetivos de 2025 simplemente no habría tiempo suficiente para adaptarse. A este respecto, ACEA y la Comisión están de acuerdo en que deben mantenerse sin cambios.

Asimismo, el directivo ha señalado que el objetivo de 2035 debería establecerse como parte de la revisión de 2028, ya que es demasiado pronto para fijar una reducción del 100% de las emisiones de CO2. Además, la revisión debería proporcionar una garantía clara de que se dispondrá de infraestructuras suficientes.

«Si los ambiciosos objetivos de CO2 no van acompañados de objetivos realistas de despliegue de infraestructuras, o si su calendario no se ajusta a lo que es posible en la práctica, el impacto social y económico de una transición mal gestionada hacia una movilidad sin emisiones de carbono será enorme», destaca Huitema.

En primer lugar, está el impacto en los ciudadanos, que corren el riesgo de enfrentarse a la «pobreza de la movilidad» si los coches se vuelven demasiado caros. Además, debido a los actuales problemas de la cadena de suministro, y a la incapacidad de Europa para producirlos a nivel nacional, no es posible que la producción de vehículos satisfaga la demanda de los consumidores.

El director general de la ACEA entiende que si entraran en vigor objetivos de CO2 poco realistas o prohibiciones prematuras de facto de los motores de combustión, esto supondría una dificultad añadida para que los europeos comprasen un coche nuevo con emisiones bajas o nulas.

«Los responsables políticos deben hacer más para garantizar que ningún país o ciudadano se quede atrás, y que los vehículos de cero emisiones sean asequibles y estén al alcance de todos«, ha denunciado.

En segundo lugar, ha indicado que los objetivos acelerarán la transformación estructural de toda la cadena de valor del automóvil, lo que tendrá un gran impacto en la economía y el empleo, por lo que se requerirá un plan de «transición justa», algo que todavía no existe.

Los objetivos no darían a los fabricantes de automóviles ni a sus proveedores, entre los que se encuentran muchas pymes, la posibilidad de adaptarse a tiempo para evitar grandes pérdidas de empleo.

«No podemos arriesgarnos a perder el apoyo de los ciudadanos haciendo que la movilidad personal sea inasequible para muchos europeos. No se trata de que la industria desafíe ese objetivo, sino que simplemente queremos llegar a él de la manera más eficiente«, ha subrayado Eric-Mark Huitema.

Desde ACEA han destacado que la industria automovilística de la UE está realizando grandes inversiones y apostando por nuevas tecnologías, ya que está plenamente comprometida con la movilidad sin emisiones de carbono para 2050.

«Es esencial que los responsables de la toma de decisiones de la UE sean plenamente conscientes de que deben acordar un paquete de medidas coherente, en particular para reducir la divergencia entre el nivel de ambición de los objetivos de CO2 y de infraestructura«, ha sentenciado.