Canal Motor y Patxi Fernández
Jueves, 9 de mayo 2024, 07:23
El precio medio de la gasolina, que según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea se sitúa ya en los 1,687 euros, encadena su decimoquinta subida, con lo que ya acumula un encarecimiento de más del 10% en 2024.
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Esta situación ... preocupa a los conductores, que se preguntan cómo es que sigue encareciéndose el precio de la gasolina pese a la caída del petróleo. En este sentido, el director general de Grupo Moure, Manuel Montero, explica que el precio de los combustibles se basa en otros dos factores externos al precio internacional del crudo: la cotización del euro en relación a la divisa que cotiza el petróleo (el dólar),así como los impuestos vigentes y el margen de distribución.
El precio de los combustibles no varía en la misma proporción que el precio del crudo Brent, ya que su precio en España no tiene relación directa con la cotización del barril de petróleo.
Según aclaran desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en realidad depende de las cotizaciones de la gasolina y el gasóleo en los mercados al por mayor de referencia (Mediterráneo y Norte de Europa en el caso español). Como estos mercados se mueven en dólares, el tipo de cambio euro/dólar también es un factor significativo.
Hay gastos que prácticamente no varían, entre ellos los costes de producción, distribución y comercialización, donde se incluyen los márgenes del mayorista y el minorista.
El precio también se ve afectado por los impuestos y otros costes asociados, como el mantenimiento de las reservas estratégicas y la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
En España, los combustibles líquidos derivados del petróleo están gravados con dos impuestos: el IVA y el Impuesto Especial de los Hidrocarburos (IEH).
Más de un mes después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2023, es decir, la esperada prohibición de ventas entre distribuidoras al por menor en el mercado de los hidrocarburos, el impacto no está siendo el esperado y, desde el holding con presencia en el sector energético Grupo Moure, aseguran que se siguen detectando «situaciones difíciles de comprender».
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Con esta normativa se esperaba poner freno a una situación de desventaja en la que se encontraban los operadores. Estos tenían que hacer frente con sus obligaciones sectoriales como operadores al por mayor, como los relacionados con la reserva mínima de seguridad, los biocarburantes o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Estas obligaciones hacían que no todos los actores jugaran con las mismas reglas, provocando una situación de disparidad de precios en el sector.
«Desde el sector lo vemos con preocupación, pues estamos padeciendo todos los efectos colaterales de la situación geopolítica que se está viviendo a nivel mundial, y que, exceptuando los grandes actores, el resto lo componemos pequeños grupos empresariales con unas grandes cargas estructurales y administrativas», denuncia Manuel Montero.
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Desde su punto de vista, «la actual situación geopolítica que se está viviendo en todo el mundo, así como el comportamiento entre los países productores de petróleo y la demanda del mercado internacional están provocando un gran desequilibro en los precios finales», señala el experto. Además, añade, «aquí un papel muy importante que puede jugar en la previsión de los precios futuros será el comportamiento de los países productores de fuera de la OPEP (Estados Unidos o Brasil, entre otros) que pueden hacer crecer la oferta con una mayor producción de petróleo vs. la demanda».
De su parte, suministradores al por mayor y estaciones de servicio celebran que se haya propuesto garantizar el pago del IVA para atajar las prácticas fraudulentas en los carburantes.
En este sentido, desde las asociaciones AEVECAR, AOP, CEEES y UPI consideran imprescindible que, antes de antes de que salga de los depósitos fiscales donde se almacena el carburante, se garantice el pago del IVA correspondiente a la venta posterior del producto.
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Así se limitan las opciones que hasta la entrada en vigor de este decreto permitía a los operadores fraudulentos no ingresar el IVA correspondiente a las arcas públicas y se dota de seguridad jurídica a todos los eslabones de la cadena, que siempre tendrán la certeza de que sus proveedores cumplen con sus obligaciones fiscales.
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