S. M.
Jueves, 6 de mayo 2021, 13:32
La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene clara su apuesta por los peajes masivos que, según la propuesta del Gobierno remitida a Bruselas en el marco del plan de recuperación, se impondrán en las autovías y carreteras españolas a partir de 2024.
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« ... En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos», ha asegurado el director general de Tráfico, Pere Navarro, en la Comisión de Interior del Senado, recoge Europa Press.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: «Quien contamina paga» y «el que usa paga». Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de «concienciación y sensibilización» sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida.
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En su intervención, Navarro ha explicado que en España, tras el fin de las concesiones, este coste lo está asumiendo «el presupuesto del Estado». «No podemos. Usted, cuando va en tren, no va gratis. Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país», ha manifestado, para después añadir que «se puede discutir» si sólo se paga por el coste de la conservación y el mantenimiento.
Asimismo, el director de Tráfico ha declarado que implementar el sistema de pago en estas vías «es un tema de Estado». «Haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carteras de alta velocidad», ha subrayado.
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De este modo, Pere Navarro ha defendido que, en esta cuestión, «el que usa lo paga» y ha instado a los grupos a ponerse de acuerdo en esta materia porque si no, según ha apuntado, Bruselas le dirá a España: «Te envió dinero, pero no es para que paguéis la conservación y el mantenimiento de la carretera».
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No obstante, ha matizado que cuando se implementa un peaje «del tipo que sea, normalmente, siempre se excluyen algunos casos» como los viajes cotidianos por temas laborales, por razones de estudios o, incluso, médicos.
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Preguntado sobre si le preocupa que esta medida traslade el tráfico a las carreteras convencionales, donde hay una mayor siniestralidad, Navarro ha contestado que no y ha argumentado que «el viaje largo se hace por autopista o autovía». «Nadie se va a meter a hacer un viaje largo por la carretera convencional», ha zanjado.
Por su parte, el Real Automóvil Club de España (RACE) mostró este jueves su «oposición frontal» a que el Gobierno abra la puerta a que los conductores paguen por circular por autopistas y autovías. Según el RACE los conductores ya aportan 30.000 millones de euros al año en impuestos, y los peajes «volvería a cargar de problemas las espaldas y los bolsillos de los conductores», a los que «pondría en serio peligro al obligar a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas».
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Una encuesta realizada el pasado mes de diciembre por el Observatorio de Conductores del RACE señala que el 78,9% de los conductores está en desacuerdo con el pago por uso de autovías y autopistas actualmente gratuitas; cerca del 74% asegura que no está dispuesto a pagar por circular por vías de alta capacidad que no son de peaje; el 84,4% considera que siempre o a veces buscaría carreteras alternativas; el 80% indica que se utilizarían más las vías secundarias, y el 79% recalca que, consecuentemente, se incrementarán los accidentes de tráfico.
El director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas, indicó en un comunicado que «se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga». «Hay que recordar que, entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado», apuntó.
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«Cuando un transportista vea incrementados los costes por llevar su carga, acabarán repercutiéndolos en el precio final del producto», indicó Lucas, de manera que, a su juicio, «la medida no es sólo contra el bolsillo de los conductores, sino el de toda la sociedad». «El 'pago por uso' podría generar que muchos conductores opten por circular por las carreteras secundarias, donde se produce el 78% de los accidentes mortales, de manera que se desincentivaría el uso de las vías de alta capacidad», subrayó.
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