Los principales puntos de un divorcio inédito

¿Cómo evitar la reintroducción de una frontera clásica entre Irlanda, país de la UE, y la provincia británica de Irlanda del Norte al tiempo que se preserva el acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998? A ese reto, el acuerdo responde en dos tiempos.

La solución final pasa por la futura relación entre británicos y europeos, especialmente por un eventual acuerdo de libre comercio, que todavía deben negociar y que regirá al término del período de transición, inicialmente, el 31 de diciembre de 2020.

Si pese a todo siguen sin una solución al término de la transición, ambos acordaron un «backstop» o «red de seguridad» que pasa por crear un «territorio aduanero único» entre la UE y Reino Unido, sin aranceles ni cuotas en el mercado europeo para productos británicos.

Sin embargo, de cara a mantener la unidad del mercado único europeo y no sólo la integridad de Reino Unido, Irlanda del Norte mantendría aquellas normas del bloque necesarias para evitar una frontera clásica en la isla, como las relativas a los productos agrícolas o las fitosanitarias.

Reino Unido o la UE pueden poner fin a este protocolo sobre Irlanda, que acompaña el acuerdo de divorcio, en cualquier momento tras la transición, pero de mutuo acuerdo.

«Los ciudadanos establecidos en Reino Unido y los británicos establecidos en un país de la Unión antes del final del período de transición podrán continuar viviendo su vida como antes en su país de residencia», promete Michel Barnier.

Los derechos de los ciudadanos en la UE, como el de poder solicitar la residencia tras cinco años viviendo en un país, se respetará para aquellos residentes actualmente en Reino Unido o en uno de los otros 27 países del bloque o que lleguen durante el período de transición.

El proyecto de acuerdo prevé que más de 4 millones de ciudadanos (3,2 millones de europeos en Reino Unido y 1,2 millones de británicos en el resto del bloque) puedan continuar estudiando, trabajando, recibiendo ayudas y reagrupando a sus familias.

El precio del 'brexit': entre 35.000 y 39.000 millones de libras (entre 40.000 y 45.000 millones de euros), según el gobierno británico, en base al método de cálculo del acuerdo de divorcio.

Reino Unido deberá cumplir todas las obligaciones financieras que asumió como miembro de pleno derecho de la UE desde 1973, incluso si estas se extienden más allá del final del período de transición.

Al consumar el divorcio a las (medianoche del 30 de marzo en Bruselas), Reino Unido seguirá durante 21 meses en el mercado interior de la UE y en la unión aduanera, para dar tiempo a las empresas y los países a preparar la ruptura final.

Este período de transición finaliza el 31 de diciembre de 2020, una fecha que coincide con el final del Marco Financiero Plurianual de la UE 2014-2020, si bien ambas partes pueden decidir a mediados de ese año prolongarlo hasta finales de 2022.

Durante ese tiempo, Reino Unido deberá seguir respetando las reglas de la UE, sin tener ni voz ni voto, y podrá empezar a negociar sus propios acuerdos comerciales, que solo podrán entrar en vigor al término de la transición.

La jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE seguirá aplicándose durante esos meses. Sobre el acuerdo de divorcio, un panel de arbitraje se encargará de resolver los diferendos, si bien el TJUE tendrá voz sobre cuestiones de derecho comunitario.

Los negociadores europeo y británico deben todavía finalizar una declaración política sobre la futura relación tras la transición, un documento jurídicamente no vinculante y que trazará las líneas de la futura negociación sobre un acuerdo de libre comercio entre ambos.

Además del protocolo sobre Irlanda del Norte y otro sobre las bases británicas en Chipre, el acuerdo de divorcio establece las bases de cooperación entre Reino Unido y España en lo referente a Gibraltar, enclave británico cuya soberanía reclama Madrid.

El documento recoge los principios generales en temas como los derechos de los ciudadanos, tabaco, medio ambiente, cooperación policial y aduanera y asuntos fiscales, entre ellos la lucha contra el fraude. Estos se desarrollarán en memorandos bilaterales entre Londres y Madrid.