Le Pen deberá devolver a la Eurocámara 300.000 euros cobrados de forma irregular

Le Pen, como recuerda el fallo, fue diputada en la Eurocámara entre 2009 y 2017, donde hizo carrera dando la nota y compitiendo con otros ultras a ver quién decía el verbo más altisonante. Por cierto, uno de sus grandes aliados europeos es el nuevo viceprimer ministro y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini. Les une su ideología de extrema derecha y su odio visceral hacia Europa. O al menos, hacia esta Europa.

Todo comenzó en octubre de 2016, cuando una investigación de la Oficina Antifraude (OLAF) concluyó que había destinado 298.497,87 euros de las arcas públicas de la Eurocámara para pagar el sueldo a su entonces jefa de Gabinete, Catherine Griset. Una mujer que no pisaba ni Bruselas ni Estrasburgo, sino que trabajaba para el Frente Nacional en Nanterre. Cuando el órgano rector del Parlamento pidió a Marine Le Pen la devolución de la cantidad, ésta se negó en redondo y recurrió a Luxemburgo, al Tribunal de Justicia de la UE, el mismo que hoy ha dicho que no tiene razón. Ante esta decisión, cabe un recurso de casasión durante dos meses.

En su fallo, los magistrados tumban uno a uno los argumentos de defensa de la líder francesa. Aseguran, por ejemplo que la posibilidad de que el Parlamento decida recuperar cantidades indebidamente abonadas en concepto de gastos de asistencia parlamentaria «no atenta contra la independencia de los eurodiputados», o que «tuvo la oportunidad de defender adecuadamente su punto de vista, de modo que no se han violado sus derechos de defensa».

Por otra parte, explican que corresponde a los eurodiputados, y no al Parlamento, probar que« los importes abonados se utilizaron para cubrir gastos efectivamente realizados y resultantes entera y exclusivamente de la contratación de sus asistentes». Y en este caso concreto, «la señora Le Pen no ha logrado demostrar que su asistente realizara efectivamente tareas para ella». Respecto al victimismo esgrimido por ella asegurando que sólo se actúa así contra los eurodiputados del Frente Nacional, el TJUE concluye que «no ha recibido un trato discriminatorio y tendencioso, ya que no ha aportado ninguna prueba» que permita corroborar esta acusación.