La «guerra al pobre» lleva a dimitir al Gobierno de Países Bajos

La historia arranca en 2014 cuando la agencia fiscal comenzó a reclamar a más de 26.000 familias de bajos ingresos las subvenciones que habían recibido durante años –intereses incluidos– en concepto de ayudas sociales, concretamente las escolares para sus hijos. Sin prueba alguna, Hacienda les acusaba de fraude y obligaba a devolver todas las cantidades, lo que llevó a numerosas parejas a endeudarse para abonar la sanción. Otras perdieron sus viviendas y empleos. La mayoría eran de origen turco y marroquí y, aunque se habían nacionalizado en Países Bajos, su segunda nacionalidad aparecía en algunos de los documentos oficiales lo cual contraviene las leyes contra la discriminación. Hace un mes, un comité de investigación declaró que los afectados habían recibido un «trato institucionalmente sesgado» y culpó al Gobierno, jueces y funcionarios de haber «cometido errores»; entre ellos, haber hecho caso omiso a los informes de los padres que demostraban la inexistencia de fraudes.

Aunque el Gobierno ha intentado resistir el embate de la ya conocida como «guerra al pobre», al final el peso de miles de familias arruinadas, la ilegalidad de un buen número de decisiones administrativas y la cada vez mayor afectación política –con un goteo de dimisiones, acusaciones y pérdidas de confianza desde 2019– han roto sus pilares. Los cuatro partidos que forman la coalición gubernamental –los liberales del VVD, Llamada Democristiana CDA, D66 y Unión Cristiana– doblegaron ayer al primer ministro, Mark Rutte, contrario a dimitir. El que ha sido cabeza visible de los países «frugales» en la UE y martillo de los Estados del sur durante las negociaciones del fondo de reconstrucción europeo, comunicó ayer al rey Guillermo Alejandro la dimisión en bloque después de que sus socios le advirtieran de que le dejarían solo en el Parlamento.

Los cuatro partidos tienen motivos para dimitir, aparte de los éticos. Su continuidad les hubiera enfrentado la próxima semana a una moción de confianza en la Cámara y el 17 de marzo se celebrarán también las elecciones legislativas en Países Bajos, una cita a la que ninguna sigla quiere llegar con la mancha del mayor escándalo político en los diez años de mandato de Rutte.

Ahora, el Ejecutivo continuará funcionando en interinidad hasta los comicios; entre otros motivos para asegurar la lucha contra el coronavirus que tiene a los neederlandeses cerca de un confinamiento. «El Estado de Derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso Gobierno y el sistema ha fracasado de forma estrepitosa», admitió ayer el primer ministro.