España defiende una respuesta única de la UE en el Mediterráneo

La respuesta no se hizo esperar y Lamorgese recibió este jueves a su colega español en Roma. Pero no se pusieron de acuerdo en la gran iniciativa política en el campo migratorio del nuevo Gobierno italiano: la aprobación de un sistema europeo de reparto inmediato de los náufragos rescatados por las ONG en el canal de Sicilia. Este procedimiento se negociará en la cumbre convocada en La Valeta el próximo lunes, en la que participarán los ministros del Interior de Italia, Alemania, Francia y Malta, además de la presidencia finlandesa del Consejo de la UE y la Comisión Europea. «No podemos parcelar el Mediterráneo para efectos de migración, como tampoco podemos parcelar el rescate a los inmigrantes», explicó Grande-Marlaska, destacando que en lo que llevamos de año han llegado a las costas de nuestro país más de 16.000 irregulares, más del doble que a Italia, donde fueron poco más de 6.000.

«Entendemos que la respuesta de la Unión Europea debe ser única y que afecte a todo el Mediterráneo. España cumple con sus obligaciones internacionales y es solidaria», dijo el ministro del Interior, que recordó cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha intervenido en varias situaciones de emergencia humanitaria en el canal de Sicilia. «Somos responsables y solidarios. Le hemos dicho a Europa por dónde hay que ir. Es nuestra política y la mantendremos: seguridad y humanidad».

Grande-Marlaska celebró que el número de llegadas de inmigrantes irregulares a las costas españolas se haya reducido a la mitad respecto a las cifras del año pasado y explicó el descenso por dos motivos principales: la lucha contra las mafias de seres humanos y la cooperación con las naciones de origen y de tránsito de los inmigrantes. También sacó pecho porque España «es el país de la UE que más repatriaciones hace».

Ambos ministros coincidieron en que los Estados europeos se tienen que implicar más ante el desafío migratorio en el Mediterráneo y en que hay que reformar el Reglamento de Dublín, que obliga a los solicitantes de asilo a presentar su petición en el primer país al que llegan. Esto perjudica a España, Italia, Malta o Grecia. «Los principios de solidaridad y responsabilidad no sólo deben ser para las naciones de entrada», lamentó el ministro del Interior en funciones.