La carrera de fondo del plan de recuperación

Hasta aquí se ha llegado con una pandemia, una reacción de 'salvese quien pueda' durante la crisis sanitaria y un Banco Central Europeo (BCE), agotando toda su artillería, con una compra masiva de deuda por valor de 1,35 billones y con su presidenta, Christine Lagarde, apremiando a los líderes a un arreglo urgente y ambicioso. Cuatro meses interminables de desencuentros norte-sur. Muchos, en una situación tan crítica como la que vivimos, pero tiempo récord si se tiene en cuenta que la crisis griega requirió años y se saldó además con la imposición de duros ajustes como castigo.

El gran acuerdo ha sido posible porque Alemania cambió de bando (de líder de la austeridad en la anterior recesión, a arbitra de la solidaridad). También porque España incorporó la idea de los subsidios (frente a los créditos) con una propuesta que permitió salir del callejón de los 'eurobonos' o 'coronabonos'. Apostaba por un 'plan Marshall' de un billón de euros. pero la filosofía de la transferencia, se quedó. El 'norte' la acabó asumiendo. A golpe de previsiones económicas catastróficas -la última, desplome del 8,7% del PIB en la zona euro este año y del 8,3% en el conjunto de la UE- y más allá de mensajes y gestos de intransigencia para consumo interno, Países bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlanda han entendido que sus economías exportadoras se resentirán mucho más si los grandes del sur no levantan cabeza. Altruismo por interés propio. Pero sea bienvenido.

Todo ha confluido para que la UE se reinvente en plena pandemia. Con un endeudamiento colosal en los mercados que posibilitará un torrente de transferencias no reembolsables (390.000 millones de euros de un total de 750.000) a las regiones más golpeadas por el patógeno. Que, además, obliga a recaudar dinero con la imposición de nuevas tasas comunes (como la digital, durante años en vía muerta por los conflictos internos). El dinero comenzará a fluir en 2021, cuando se activaría el presupuesto a siete años que da cobertura al fondo (1.074 billones de euros); unas cuentas que además, estarán conectadas con la consecución de un hito histórico: la descarbonización; la guerra al cambio climático.

     

     

Pero la tramitación que queda por delante es compleja. El atomizado Parlamento Europeo que surgió de las elecciones de 2016 es el que tiene ahora la última palabra. Desde el jueves ya tiene fijada una posición política para negociar con la presidencia alemana del Consejo. No se ponen pegas al fondo, pero sí a los recortes aplicados a determinadas partidas del presupuesto (tijeretazos en investigación, ayuda a la solvencia de empresas, desarrollo rural, ayudas a la transición.). También más firmeza para congelar fondos a aquellos Gobiernos que no respeten el Estado de Derecho (Hungría y Polonia, en el punto de mira). Y todo va en el mismo paquete.

La Eurocámara dará la batalla para intentar mejorar la partidas mermadas. Habrá que esperar varios meses para que se produzca la votación clave. Todo debería haber concluido en diciembre. Lo contrario obligaría a prorrogar el actual presupuesto. Un escenario poco probable, pero no descartable.

Los parlamentos nacionales también tendrán que autorizar las garantías que va a necesitar la Comisión Europea (con calificación Triple A) para esa emisión de bonos a gran escala en los mercados. El programa 'Sure' aprobado meses atrás para dar cobertura a los ERTE, con una dotación de 100.000 millones, y también con emisión de deuda, se planteó con un mínimo de 25.000 millones en garantías por parte de los Veintisiete. A partir de 2027 debería comenzar a enjugarse la deuda contraída por el nuevo plan. Treinta años para saldarla.

El dinero del fondo de recuperación no llegaría antes de la primavera de 2021. Al final no ha sido posible adelantar al último tramo de este año una primera transferencia de 11.500 millones (que sí se contemplaba en el proyecto originario del Ejecutivo de Bruselas). La cobertura se mantendría hasta 2023 con dos fases. En la primera (2021-2022) se distribuiría el 70% del total del fondo. El 30% restante quedaría para el último ejercicio.

A partir de octubre es previsible que los países diseñen e incluso inicien la tramitación de sus planes de recuperación. Lo harían con el asesoramiento de la Comisión Europea, que dispondrá de dos meses para estudiarlos y calificar si se ajustan a las recomendaciones del Semestre Europeo. En el caso de España esas recomendaciones se refieren a la sostenibilidad del sistema de pensiones, el exceso de temporalidad del mercado laboral, apoyo a familias más vulnerables, formación profesional, etcétera.

La Comisión dispondría de hasta dos meses para resolver. El proceso contempla el envío de planes en octubre y abril, que deberían acompañarse además bien con proyectos de presupuesto para el ejercicio siguiente bien con las cuentas en curso ya aprobadas. Los desembolsos se irían canalizando hasta que concluya 2026.