El Gobierno israelí comienza a negociar la reforma judicial con la oposición

La negociación arrancó en la residencia del presidente, Isaac Herzog, una de las voces más críticas con los planes del gabinete. La primera reunión duró 90 minutos y discurrió en «una atmósfera positiva», según la oficina del jefe de Estado. El Canal 12 reveló que se trató de una toma de contacto en la que no se abordaron temas de fondo y que simplemente se sentaron las bases para el proceso. Un lado de la mesa lo ocupó la delegación del Likud, el otro las delegaciones de Yesh Atid, partido de Yair Lapid, y Unidad Nacional, de Benny Gantz. En medio, Herzog trató de acercar unas posturas demasiado alejadas.

Después de cinco elecciones en menos de cuatro años los israelíes dieron el poder del país con sus votos en noviembre al Gobierno «más radical» de la historia del Estado judío, como lo bautizaron los medios locales. Tras un año en la oposición, Netanyahu recuperó el asiento de primer ministro gracias a su coalición con los partidos ultraortodoxos y ultranacionalistas sionistas. Gozan de una mayoría sólida en la Cámara y el primer punto de su agenda es limitar el poder del Tribunal Supremo. Tanto los partidarios como los detractores de la reforma tienen en común que se abanderan como defensores de la democracia.

El peso pesado del Likud en el proceso es el viceprimer ministro y titular de Justicia, Yariv Levin. Desde que se puso al frente de esta cartera ha defendido el plan de cambio del Tribunal Supremo ya que su «intervención creciente en las decisiones del gabinete y la legislación del Parlamento» ha arruinado la confianza de la gente en el sistema legal y esto ha provocado «daños severos a la democracia».

Levin, abogado de 51 años que toda su carrera política la ha desarrollado en el partido, piensa que es momento de someter al Supremo al control del Gobierno porque «vamos a las elecciones, votamos, elegimos, pero luego es gente que no hemos elegido la que decide por nosotros». Llegó a acusar a los miembros del Supremo de intentar dar «un golpe de Estado» cuando estaba sobre la mesa la posibilidad de inhabilitar a Netanyahu por sus casos de corrupción.

Frente a Levin son Herzog, Lapid y Gantz quienes abanderan el pulso político contra un plan que llevaría a Israel a establecer un sistema como el de Hungría o Polonia, donde los líderes políticos tienen un control absoluto, como repiten en sus intervenciones. Piden consenso y diálogo, pero saben muy bien que Netanyahu cuenta con una mayoría suficiente para llevar a cabo los cambios sin necesidad de tener en cuenta sus opiniones.

En palabras del presidente de Israel, un puesto simbólico con apenas peso en el día a día, el plan propuesto «está mal, es opresivo y socava nuestros cimientos democráticos». Lapid fue más lejos y calificó los cambios en la Justicia de «un peligro para la seguridad del Estado de Israel», un país que no tiene una Constitución escrita, solo un conjunto de leyes básicas, lo que hace que el Supremo sea aún más poderoso. 

La reforma de la Justicia consiste en un paquete con diferentes proyectos de ley, que deben superar tres votaciones en el Parlamento y que han ido superando fases en mitad las protestas. Los tres campos principales que abarcan estos proyectos de ley afectan a la llamada cláusula de anulación, que permite al Supremo echar atrás leyes que considera inconstitucionales (aunque Israel no tiene Carta Magna); la prueba de razonabilidad, por la que este órgano judicial puede cuestionar leyes y nombramientos de la Cámara en base a su sensatez; y la manera de elegir a los jueces que forman este tribunal.

El nuevo Gobierno quiere que el Parlamento sea capaz de tumbar una decisión del Supremo con una mayoría simple, 61 de los 120 escaños. El Tribunal goza de esta atribución desde 1995 y la ha empleado en 22 ocasiones, según la estadística recogida por The Israel Democracy Institute. Una de las últimas leyes anuladas por este mecanismo fue la que otorgaba retrospectivamente permisos de construcción sobre tierras de propiedad palestina. La ley se aprobó en 2017 y fue suprimida después de un proceso que duró tres años.

La prueba de razonabilidad es el segundo punto que quiere cambiar el equipo de Netanyahu. Es un factor que le ha afectado directamente al Gobierno ya que el Supremo rechazó el nombramiento de Aryeh Deri como ministro de Interior y Salud debido a sus condenas penales por fraude y sobornos, la más reciente de enero de 2022. Deri denunció lo que calificó de «sentencia política», que salió adelante con una mayoría de 10 votos a favor y solo uno en contra en un Supremo que explicó que el dirigente ultraortodoxo «fue condenado tres veces» y «violó su deber de servir» con «lealtad» al país y a los ciudadanos. Netanyahu acató la decisión y Deri perdió la cartera.

El tercero de los puntos en disputa es la forma de elegir a los jueces que forman parte del Supremo, esta es la ley cuya votación final ha quedado suspendida hasta dentro de un mes tras superar las dos primeras votaciones. En la actualidad esta es competencia de un comité de nueve miembros que lo componen tres jueces del propio Supremo, dos representantes del Colegio de Abogados de Israel, dos ministros y dos diputados del Parlamento. El plan de Netanyahu es borrar a los representantes del Colegio de Abogados para poner en su lugar a dos personas nombradas directamente por el ministro de Justicia, lo que le permitiría controlar los nombramientos.