España condecora a los forenses turcos que dirigieron las autopsias del accidente del Yak 42

El 26 de mayo de 2003, 62 militares españoles y 12 tripulantes ucranianos y un bielorruso fallecieron tras el accidente sufrido por el avión que traía de vuelta a los soldados después de cumplir una misión de cuatro meses en Afganistán. El aparato era un viejo Yakolev 42 y el accidente se produjo en las montañas de Trebisonda, en la costa del Mar Negro. La gestión por parte del Ministerio de Defensa dirigido por Manuel Trillo estuvo marcada por las prisas y las mentiras y 48 horas después del accidente, 30 familias enterraron cuerpos que no eran de sus familiares debido a las prisas para pasar página cuanto antes.

Los doctores Sam y Müslümanoglu, fueron los encargados de las autopsias de «todos los soldados, a excepción de 30 de ellos, que según insistieron las autoridades militares españolas serían identificado una vez en España. Todas las identificaciones realizadas por el Sr. Bulent Sam y el Sr. Müsülmanoglu lo fueron», señaló en su discurso el cónsul de España. El diplomático recordó que ambos viajaron a Madrid tras recibir la llamada de la Fiscalía para declarar y su testimonio fue clave para conocer la verdad.

Los doctores no pueden olvidar lo vivido aquellos días, el trabajo conjunto con militares españoles y el horror de encontrarse con «más de treinta cuerpos totalmente calcinados, la única manera de identificarlos era con la prueba de ADN y lo hicimos», recuerda Müsülmanoglu. Ambos coinciden en que las familias tuvieron dudas desde el primer momento porque no les dejaron ver los restos de sus seres queridos cuando llegaron a España, luego pasaron momentos complicados porque sentían que les responsabilizaban a ellos de los errores y finalmente se sintieron liberados cuando fueron a España a declarar y contar la verdad de los hechos. «Es un honor este reconocimiento, imposible olvidar lo que vivimos aquellos días. Es un trabajo que se lo debíamos a las familias y lo hicimos por ellas», declaró el doctor Sam, emocionado por el recuerdo de las autoridades españolas después de dos décadas.

Un año después de la tragedia, el nuevo ministro de defensa, José Bono, pidió las pruebas de ADN que mostraron que se habían falsificado las identidades de los 30 soldados que debían identificarse en España. El proceso ante la Justicia impulsado por las familias acabó con la sentencia de 2009 de la Audiencia Nacional, que condenó a tres militares por la falsificación de identidades. Ninguno de ellos acabó en la cárcel, uno porque falleció y los otros dos porque fueron indultados por el Gobierno. Trillo tampoco sufrió castigo alguno y fue nombrado embajador en Londres ante el malestar de las familias.

Estos dos forenses prestaron declaración en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, cuando fueron llamados por la Fiscalía española a hacerlo, en el juicio que siguió al desastre. Su testimonio fue crucial en la impartición de justicia y dos décadas después España reconoce la labor prestada a las familias de los caídos.