Los inmigrantes ya no son bienvenidos en Europa

En España no se han tomado aún medidas de este tipo, y eso a pesar de ser el país europeo que más migración ilegal recibe, pero la preocupación va en aumento. Según el CIS, los ciudadanos señalan la migración como el principal problema que enfrenta el país. De hecho, la situación en Canarias ha devuelto este tema a la agenda política y ha tensado las relaciones entre el Gobierno central y el de las islas por su negativa a aceptar a menores inmigrantes sin identificar, una medida que el Tribunal Superior de Justicia canario acaba de tumbar. La situación ha provocado incluso la reacción del Papa Francisco, que ha anunciado su intención de viajar a las islas para solidarizarse con los migrantes.

En el resto del continente ya son muchos los gobiernos que ven como modelo la gestión de la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, quien apuesta por construir centros de migrantes en Albania. «Este flujo masivo de inmigrantes al que nos enfrentamos es algo que requiere la implicación y la responsabilidad de todos para luchar contra las salidas ilegales; de lo contrario, las cifras de este fenómeno abrumarán primero a los Estados fronterizos, pero luego a todos los demás», advirtió tras la llegada de decenas de miles de personas a las costas de Lampedusa en septiembre de 2023.

La investigadora y directora de Opinión Pública y Migraciones del Instituto Elcano, Carmen González, señala que, «sin duda, ha habido un endurecimiento de las políticas de migración y asilo. Es una tendencia que barre todo el continente y que se ve en países gestionados por todos los colores políticos». No ha sido un cambio repentino, ni llegó con Meloni, sino que forma parte de una tendencia que se ha desarrollado desde 2015. «El sistema de asilo europeo se vio sobrepasado y ahora volvemos a cifras cercanas a las de aquel año. En este tiempo la migración ha generado problemas como la falta de capacidad económica de los estados para la acogida, las dificultades para la integración de migrantes en el mercado de trabajo, problemas de convivencia, el temor a la creación de guetos en Dinamarca...», apunta la experta.

Y las consecuencias de ese «cansancio» del sistema de acogida pueden verse incluso en Suecia, el país que más se solidarizó con la crisis de 2015 y que ha reformado su sistema de asilo para endurecer los requisitos y recortar beneficios. Otro ejemplo es Dinamarca, donde ya en 2016 se aprobó una polémica ley de extranjería que permitía a las autoridades confiscar a los recién llegados dinero y joyas que tuvieran un valor superior a 1.300 euros y que obligaba a cachear a cualquier persona que solicitara entrar al país.

A nivel comunitario, la elección del conservador austriaco Magnus Brenner como comisario de Migración augura mano dura en las futuras políticas europeas. Esta próxima legislatura es, además, clave en la puesta en marcha del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (UE), una ley que endurece las condiciones de acogida y permite a los Estados miembros pagar por rechazar refugiados -20.000 euros por cada persona- y tomar datos biométricos de los migrantes mayores de 6 años.

Sin embargo Carmen González señala que esta normativa «corre el riesgo de ser mucho menos relevante» de lo esperado. Las negociaciones para su puesta en marcha están en manos de la presidencia del Consejo Europeo, que hasta final de año recae sobre Hungría. «Se trata de un país nada proclive a gestionar nada de forma comunitaria», reconoce la experta. De hecho, este Estado miembro fue multado en junio por el Tribunal de Justicia de la UE con 200 millones de euros por no respetar los derechos de los demandantes de asilo.

El Gobierno de Viktor Orbán ya ha advertido de que no aplicará la norma. «Nuestro método es no dejarlos entrar», destaca el primer ministro húngaro, cuyo ejecutivo ha limitado casi por completo el derecho de asilo y ha construido vallas para evitar las entradas irregulares a través de los Balcanes, medidas que también ha tomado Polonia.

Esta misma semana, el Gobierno húngaro ha señalado que reclamará una excepción al pacto europeo como la de Países Bajos. Holanda será, precisamente, el país en el que recaerá la presidencia del Consejo en la primera mitad de 2025, por lo que «no habrá mucho interés en impulsar estas políticas», asegura González, quien señala que esta situación de estancamiento también ha motivado las acciones individuales de los países del bloque.

El despliegue del Pacto de Migración y Asilo requerirá como mínimo de «un par de años» para su ejecución y hay quien no confía en que acabe siendo efectivo. «Existen dificultades objetivas como la necesidad de fondos, de cambios normativos en los Estados miembros... Todo depende de que haya voluntad política», destaca la investigadora del Instituto Elcano.

Otra de las claves de la política migratoria europea es la externalización de fronteras. En el caso de Italia y el acuerdo de la UE con Túnez para frenar las salidas del país a cambio del envío de 150 millones de euros «ha funcionado claramente». Sin embargo, depender de un tercer país para controlar los flujos migratorios también puede ser una debilidad.

Turquía usó la migración como herramienta de presión en sus negociaciones con la UE, con quien firmó en 2016 un acuerdo para frenar las entradas a través de las islas griegas a cambio de 6.000 millones de euros para apoyar a los refugiados sirios en su territorio. Sin embargo, en 2020, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró que su país ya no impediría a los refugiados seguir su camino hacia Europa. «No cerraremos las puertas a los refugiados. La UE debe cumplir sus promesas», dijo, instando a que el bloque ofreciera más ayuda económica. Más recientemente, Rusia y Bielorrusia también han usado la migración como arma contra Polonia y Finlandia en el contexto de la guerra en Ucrania.

El impulso de las vías de migración legal y la formación en los países de origen serían una posible solución a la migración irregular. «Ahora los migrantes llegan con un nivel formativo demasiado bajo, que les condena a trabajos precarios y salarios bajos. Con más formación podrían integrarse mejor en el mercado laboral», señala la experta. Con todo, González no cree que Europa tuviera capacidad para asumir a todos los jóvenes que quieren emigrar al continente. «Las encuestas muestran que son muchísimos», apunta.