La líder ultra Marine Le Pen se juega este lunes en los tribunales su supervivencia política

La líder de la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) se juega su supervivencia política. Los magistrados anunciarán por la mañana el veredicto sobre una presunta trama de falsos asistentes en el Parlamento Europeo por parte de este partido nacionalista y xenófobo. La Fiscalía había pedido en noviembre para Le Pen cinco años prisión, una inhabilitación durante el mismo periodo y una multa de 300.000 euros. Durante el anuncio de esa petición de pena, que cogió con el pie cambiado a la dirigente ultra, introdujo un detalle no menor: la aplicación de ese castigo judicial debía hacerse «de manera provisional». Es decir, a efectos inmediatos.

Le Pen afronta esa posible sanción por una supuesta malversación de fondos públicos. Además de su líder, hasta 24 miembros de RN —entre ellos, varios representantes mediáticos como el diputado Julien Odoul o el alcalde de Perpiñán, Louis Aliot— corren el riesgo de ser sancionados con penas de prisión e inhabilitación de entre tres años y seis meses. En concreto, los acusan de haber formado parte de un engranaje para desviar 4,5 millones de euros del Parlamento Europeo en beneficio del partido. Entre 2004 y 2016 pagaron presuntamente a trabajadores de la formación en París con recursos que debían destinar a sus asistentes en Bruselas o Estrasburgo.

«Lo único que interesa a la Fiscalía es acabar con mi carrera política», había dicho Le Pen en noviembre después de que el Ministerio Público solicitara la pena. Desde la irrupción de este affaire en 2014, la líder de la extrema derecha francesa siempre lo ha presentado como una persecución política. No resultaría sorprendente que reaccionara a una condena endureciendo su oposición en la Asamblea Nacional. Y amenazando con censurar al Gobierno de Bayrou, como ya hizo en diciembre con Michel Barnier, pocas semanas después de que la Fiscalía pronunciara su duro alegato.

«El contexto actual —de gran presencia mediática y fuerte representación en el Parlamento— dificulta la capacidad de RN de utilizar una estrategia victimista» y presentarse como un actor outsider perseguido por el sistema, explica a este medio la politóloga Safia Dahani, coautora del libro Sociologie politique du Rassemblement National. Una sentencia condenatoria, según esta experta, puede dañar la imagen del partido. Pero probablemente no erosionaría el núcleo duro de esta formación, que obtuvo más del 30% de los votos en la primera vuelta de las últimas legislativas.

«Dudo de que tenga un efecto mecánico a nivel electoral», afirma Dahani. «En mis investigaciones he observado que muchos de sus votantes me dicen que la corrupción y malversación de fondos públicos resultan tan habituales en política que en realidad se trata de un delito que no es tan grave», añade esta experta.

El principal desafío lo representaría la inhabilitación de Le Pen y la necesidad de buscar a otro aspirante para la jefatura del Estado. El mejor posicionado en ese sentido es el eurodiputado Jordan Bardella, de 29 años y que preside RN desde 2021. «Bardella ha impulsado desde hace tiempo una estrategia para mejorar su imagen y ganar en credibilidad, con la publicación de un libro autobiográfico —ha vendido más de 200.000 ejemplares— y multiplicando las reuniones con dirigentes empresariales», explica esta investigadora en Sciences Po París.

A pesar de su imagen cuidada y telegénica, el joven número dos del lepenismo cometió varios errores durante la campaña del pasado verano. Y hay dudas de hasta qué punto la familia Le Pen le dejaría asumir las riendas de esta formación, gestionada como un clan familiar desde su fundación en 1972. De la sentencia de este lunes depende el presente y el futuro de la política francesa.