La Justicia vuelve a echar por tierra los centros para inmigrantes construidos por Italia en Albania

Estas personas, provenientes de Bangladesh, Egipto, Costa de Marfil y Gambia, formaban parte del grupo de 49 desplazados desembarcados el pasado martes desde la nave militar 'Casiopea', que los recogió el domingo frente a las costas de la isla de Lampedusa, situada en el Canal de Sicilia. Seis de estos migrantes ya habían sido trasladados en los últimos días a territorio italiano porque no cumplían con las condiciones previstas para ser internados en los centros: cuatro eran menores de edad y dos se encontraban en situación de vulnerabilidad.

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La decisión del Tribunal de Apelación supone un nuevo revés para esta polémica iniciativa en la que el Ejecutivo de Meloni gastó alrededor de 800 millones de euros con la esperanza de que tuviera un efecto disuasorio sobre la inmigración ilegal desde el norte de África. Después de las trabas que puso al proyecto la sección encargada de las cuestiones migratorias de la Corte de Roma, el Gobierno trató de desatascar la situación trasladando las competencias al Tribunal de Apelación.

De manera paralela, aprobó un decreto para reivindicar el derecho del Ejecutivo para decidir cuáles son los países a los que pueden realizarse las repatriaciones. Ambos movimientos fueron en balde, por lo que el uso de los campos de internamiento de Albania parece quedar congelado a la espera de que se pronuncie sobre el caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

«Continúa el boicot de la magistratura a las políticas de seguridad para luchar contra la inmigración clandestina. El desafío es político, temerario y parece hostil a los principios fundamentales», señaló Maurizio Gasparri, portavoz en el Senado de Forza Italia, una de las fuerzas políticas que forman parte de la coalición conservadora que sostiene al Gobierno de Meloni. La opositora Elly Schlein, líder del izquierdista Partido Democrático, pidió por su parte a la primera ministra que «se resigne», ya que los centros de Albania «no funcionan y no van a funcionar, porque son un clamoroso fracaso». Acusó además al Gobierno de «malgastar» el dinero público en una iniciativa que no respeta la legislación.