Investigan a Meloni y varios ministros por deportar a un libio buscado por La Haya

En su mensaje Meloni aprovechó para arremeter tanto contra el abogado que presentó la denuncia, Luigi Ligotti, un «expolítico de izquierdas», como contra el fiscal del caso, Francesco Lo Voi, que participó en el proceso en el que Matteo Salvini, viceprimer ministro, acabó absuelto el mes pasado de la acusación de secuestro de personas por bloquear durante semanas el desembarco de inmigrantes.

En el centro de esta polémica se encuentra Najeem Osama Almasri, responsable de un centro de detención para inmigrantes de Libia donde supuestamente se cometieron atropellos de todo tipo. Según la orden internacional de captura emitida por La Haya, en esta cárcel fueron asesinadas 34 personas, mientras que al menos otras 22 sufrieron torturas y abusos sexuales, entre ellas un niño de 5 años. El propio director habría «pegado, torturado, disparado, agredido sexualmente y matado personalmente a los detenidos, además de ordenar a los guardias que les pegaran y torturaran».

Las autoridades italianas detuvieron a Almasri el pasado 19 de enero, cuando se encontraba de visita en Turín a petición del TPI, pero luego fue repatriado a Libia en un vuelo oficial «por motivos de seguridad». Meloni justificó la liberación de este hombre, que antes había viajado por otros países europeos, al considerar que fue una «decisión de la magistratura» al tratarse de un «sujeto peligroso». Su tesis fue rechazada de pleno por la Asociación Nacional de Magistrados, que consideró la expatriación fruto de la «inercia» del ministro de Justicia. Nordio tiene previsto dar explicaciones del caso hoy en el Parlamento junto al titular de Interior, Piantedosi.

Meloni avisó, además, en el vídeo que «no se deja intimidar» y que tampoco puede ser «chantajeada». Según su versión de los hechos, La Haya habría cometido un vicio de forma al no transmitir al Ministerio de Justicia la petición de arresto contra Almasri, por lo que la Corte de Apelación de Roma no confirmó su detención. «En lugar de dejar libre a este sujeto por el territorio italiano, decidimos expulsarlo por razones de seguridad», se justificó la primera ministra. Según la oposición de izquierdas, la deportación obedecería a la necesidad del Ejecutivo de mantener una buena relación con las autoridades libias, de manera que mantengan un cierto control de la inmigración desde sus costas y permitan a las empresas del país el acceso a sus yacimientos de hidrocarburos.

La polémica saltó, además, el mismo día en que Italia consumó el envío de otros 49 inmigrantes -la mayoría procedente de Bangladés- a Albania bajo el acuerdo que mantienen ambos países y que está bajo revisión judicial. Los dos primeros grupos fueron devueltos por orden de los tribunales.