Francia recuerda a los 'chalecos amarillos' y teme la radicalización de las protestas

«Las manifestaciones son legítimas; el desorden y la violencia, no», advirtió el viernes Gérald Darmanin, ministro de Interior, en una entrevista en la cadena de televisión RTL France. Darmanin recordó que «las plazas de las ciudades y los pueblos no son una Zona a Defender (ZAD)», neologismo utilizado en Francia para designar la ocupación política de un espacio. «No dejaremos hacer cualquier cosa», ha señalado.

Desde el pasado 19 de enero, los sindicatos han organizado ocho protestas masivas contra la reforma de las pensiones en todo el país. Las movilizaciones sindicales habían sido hasta el miércoles pacíficas, salvo algunos incidentes puntuales provocados por manifestantes radicales, pero el 'decretazo' de las pensiones ha provocado desde hace tres días protestas espontáneas, muchas de ellas violentas, en varias ciudades del país. En ellas cientos de personas han destrozado mobiliario urbano, atacado edificios y quemado contenedores de basura –o montones de desperdicios acumulados en la capital a causa de la huelga de la limpieza– antes de ser desalojados por la fuerza por la Policía.

El recurso al 49.3 ha sido para muchos detractores de la reforma de Macron la gota que ha colmado el vaso. Los manifestantes consideran que el Ejecutivo hace oídos sordos a las protestas y exigen la retirada del proyecto. La intersindical ha convocado una nueva protesta el próximo día 23.

El prefecto de Policía de París ha prohibido este sábado las protestas en la avenida de los Campos Elíseos y en la plaza de La Concordia. Unas 4.000 personas se han manifestado en otros lugares, en la plaza de Italia, al sur de París, y exigieron una vez más la retirada de la reforma. Las detenciones han sido frecuentes. Las fuerzas de seguridad arrestaron el jueves a 258 personas y anoche al cierre de esta edición, habían sido detenidas otras 71; una decena de ellas en las inmediaciones de la plaza de la Concordia. Desde la madrugada, hubo múltiples indicentes y, tras un respiro a primera hora de la tarde de este sábado, en que se desarrollaron varias movilizaciones pacíficas en al menos seis ciudades del país, algunos grupos de radicales volvieron a causar destrozos. También fueron quemados numerosos maniquíes de cartón con la efigie de Macron.

Los sindicatos ya habían advertido la semana pasada de que podría producirse «una situación explosiva» si el Gobierno no suspendía el proceso para aprobar la reforma de las pensiones. «Nadie podrá decir que no advertimos al presidente», ha dicho este sábado Philippe Martínez, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El propio Ejecutivo era consciente de que con el «decretazo» de las pensiones jugaba con fuego. «Este sentimiento antidemocrático será reforzado por la utilización del 49.3, susceptible de contribuir a reavivar las protestas y potencialmente su radicalización» advertía hace unos días una nota interna de los servicios de Interior, según la cadena de televisión BFMTV. La otra opción que tenía Macron era permitir que la Asamblea Nacional votara la reforma. Pero la previsión de ganar era tan ajustado que no quiso arriesgarse.

En la cabeza de todos los franceses están los 'chalecos amarillos', que en otoño de 2018 y buena parte de 2019 pusieron en jaque al Gobierno francés con sus protestas, muchas de ellas muy violentas. Este movimiento social sin estructura, sin ideología clara y sin líderes, organizado a través de las redes sociales, nació en las rotondas de la Francia rural y se extendió por todo el país. Al final, Macron tuvo que hacer concesiones para frenar el descontento.

La oposición, indignada porque no haya habido una consulta en la Asamblea Nacional, ha presentado dos mociones de censura contra el gabinete de la primera ministra, Élisabeth Borne: una de la extrema derecha y otra transpartisana, liderada por el grupo parlamentario Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios (LIOT), formado por diputados centristas y regionalistas. Las dos mociones se votarán mañana en la Asamblea.

Un tercer recurso del partido de Marine Le Pen será rechazado, ya que solo cuenta a su favor con el apoyo de los diputados ultraderechistas. Si la moción transpartisana es adoptada, lo que tampoco parece fácil, tendrá dos efectos: el rechazo de la reforma de las pensiones y la probable caída del Ejecutivo. Macron también podría disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones legislativas. La moción necesita 287 votos. Deberían respaldarla todos los diputados de izquierdas, de extrema derecha y de LIOT y una treintena de los 61 diputados de Los Republicanos, la derecha moderada. No será fácil.

Si la reforma entra en vigor, los franceses tendrán que jubilarse a partir de 2030 a los 64 años, dos años más tarde que ahora, y cotizar un mínimo de 43 años para cobrar una pensión completa. El 'decretazo' podría pasar factura al presidente, que llegó al Palacio del Elíseo en 2017 con un programa reformista. Macron podría quedarse debilitado durante los cuatro años que le quedan de mandato y atado de pies y manos para llevar a cabo otras reformas.