Erdogan intensifica la purga contra gulenistas en las fuerzas armadas

Estos tres años de purga se saldan con más de 150.000 represaliados entre personas detenidas y suspendidas de sus puestos de trabajo por su supuesta vinculación el alzamiento militar. De ellos 29.487 están encerrados según los datos recientes ofrecidos por el Ministerio de Justicia turco. Una operación masiva que se extiende a diferentes estamentos de la sociedad aunque los militares y fuerzas de seguridad son los más afectados por lo ocurrido. Las autoridades consideran al grupo de Gulen un «estado paralelo» al que acusan de ir situando durante décadas a sus adeptos en cargos de la administración pública. Para Ankara se trata de una «organización terrorista». Gulén lidera un movimiento que podría equipararse a una especie de Opus Dei en versión islámica y durante años fue aliado del propio Erdogan, a quien ayudó a consolidarse en el poder hasta que surgieron las diferencias.

Desde organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) piden de forma reiterada «contención y respeto« al Estado de derecho a la hora de realizar las investigaciones necesarias y que sometan a todas las personas detenidas a un juicio con las debidas garantías. Algo que parece complicado, ya que la Justicia es otro de los sectores más golpeados, con más de 2.700 jueces suspendidos.

En una operación policial diferente que se desarrolló en el noroeste del país, Turquía anunció la detención de 780 migrantes en situación irregular que se disponían a cruzar la frontera con Grecia y Bulgaria. La agencia Anadolu señaló que se trata de migrantes afganos, argelinos, bangladeshíes, egipcios, guineanos, iraníes, iraquíes, libios, marroquíes, palestinos, paquistaníes, sirios y somalíes que trataban de dar este último paso en su ruta hacia Europa.

Tras la oleada de refugiados sirios que llegaron a Europa desde las costas turcas en 2015 la Unión Europea negoció un acuerdo con Erdogan para frenar el flujo de migrantes. Un acuerdo tan efectivo como «infame», según lo definió Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ya que «vulnera la normativa europea e internacional en materia de asilo« y porque ha demostrado que «por muchos obstáculos mortales que se trate de poner a las personas refugiadas, siempre buscarán nuevas rutas, cada vez más peligrosas».