Una nueva evidencia en el caso contra Donald Trump por intento de subversión del resultado electoral de las presidenciales de 2020 hecha pública ayer por un tribunal federal sostiene que la conducta del expresidente no está amparada por el fallo de inmunidad otorgado por la ... Corte Suprema. La publicación del nuevo informe fue ordenada el jueves por la magistrada Tanya Chutkan, que se basa, según señaló, en el alto interés público que tiene el documento.
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El dosier incluye cientos de páginas de testimonios de sus asesores íntimos sobre el caso anteriormente censurados al público y demuestra que Trump sabía que había perdido las elecciones y conscientemente se involucró con sus aliados en una temeraria trama a gran escala para aferrarse al poder.
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Mercedes Gallego
Mercedes Gallego
El nuevo expediente del fiscal especial Jack Smith es una adaptación a la decisión de la Corte Suprema del 1 de julio de este año que dictaminó que Trump gozaba de inmunidad judicial en su capacidad como presidente, pero dejaba a los tribunales inferiores amplia discreción para dirimir sobre su conducta como candidato actuando fuera de las responsabilidades de su cargo.
Aunque no añade nada fundamentalmente nuevo, el material adicional agrega contexto a la ingente evidencia incriminatoria ya existente sobre el envolvimiento de Trump y refuerza el argumento de que muchos de sus actos no gozan de inmunidad penal por tratarse de acciones no oficiales relacionadas con su cargo de presidente.
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La decisión supone la derrota de los esfuerzos del equipo legal de Trump durante todo este año para impedir la publicación antes de las elecciones de los dañinos documentos del caso de su intento de revertir las elecciones de 2020, que culminaron en el violento ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. El argumento de sus abogados aducía que «la publicación asimétrica de las acusaciones y los documentos relacionados» mientras se producía la votación anticipada a través del país, crearía «la apariencia preocupante de interferencia electoral».
Según ellos, mantener el expediente de Smith bajo secreto ayudaría a proveer al público una imagen más «equilibrada» sobre el caso, aduciendo los compromisos de campaña del candidato republicano.
La magistrada Chutkan, que insistió en que el calendario electoral de la campaña de Trump no tendría peso en sus decisiones judiciales, señaló que «la verdadera intromisión política sería suprimir las pruebas de este caso», algo que normalmente se publica como parte de los procedimientos judiciales públicos rutinarios.
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En una declaración a CNN, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, criticó la decisión y argumentó que la resolución debería ser desestimada. «Como lo ordena la histórica decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial y otra jurisprudencia vital, todo este caso es una farsa y una cacería de brujas partidista e inconstitucional que debería ser desestimada por completo», dijo.
Uno de los temas que destaca en la nueva evidencia de Jack Smith es la cantidad de personas que rodeaban al expresidente Trump en su círculo íntimo que le asesoraban y trabajaban horas extra para intentar revertir la voluntad de los electores.
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El nuevo material consta de 1.889 páginas -un apéndice de cuatro partes del extenso volumen presentado recientemente por el fiscal especial, Jack Smith-, en su mayor parte censuradas al público y solo accesibles a las partes implicadas. El resto consiste en memorandos publicados previamente en redes sociales, transcripciones y otros materiales como copias de los sobres utilizados para el envío por correo de los recuentos de votos electorales de los Estados en los que Trump intentaba anular el resultado de las elecciones.
Las partes de los documentos no censuradas incluyen declaraciones de legisladores y funcionarios republicanos de Estados clave a finales de 2020, que exponen la presión de Trump y sus aliados para que cooperaran con sus intentos de revocar la victoria electoral de Joe Biden.
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En el futuro se espera que la decisión final del caso sea apelada y termine nuevamente ante la Corte Suprema, que podría tener la última palabra sobre qué parte de la acusación puede finalmente ir a juicio.
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