La industria agroalimentaria teme las deportaciones masivas de Trump

Aunque por ahora el equipo de transición de Trump no se ha comprometido a ninguna excepción, el nominado para el cargo de 'zar de la frontera' de la administración entrante, Tom Homan, ha declarado que primero se centrará en los delincuentes y las personas bajo orden firme de deportación. Según estudios recientes, la expulsión masiva de trabajadores agrícolas trastocaría gravemente la cadena de suministro de alimentos y elevaría los precios de los productos alimenticios al consumidor.

El costo del plan de expulsiones masivas propuesto por Trump podría suponer casi 1.000 millones de dólares de pérdidas al país como consecuencia de la disminución de los ingresos laborales y fiscales federales. Con todo, el riesgo de que la ley llegue a ser aplicada en toda su extensión en las granjas de alimentación es bajo, debido a la dependencia del sector de los trabajadores extranjeros. «Existen intereses comerciales muy importantes que obviamente requieren mano de obra agrícola y la necesitan«, dijo Leon Fresco, abogado de inmigración de Holland & Knight. No en vano, el sector agrícola y las industrias relacionadas representaron el año pasado el 5,6% del PIB de EE UU, el equivalente a unos 1.500 millones de dólares.

El grupo de defensa de migrantes, Consejo de Inmigración Nacional, estima, por su parte, que el coste de detención, gestión y deportación de los 13,3 millones de personas que se encuentran en el país temporalmente sin estatus migratorio legal, podría alcanzar los 315.000 millones de dólares. Además, el coste humano sería duro para los más de 28 millones que viven en el país en hogares con estatus migratorio mixto, para quienes el riesgo de deportación supondría la separación de sus familias.

Los residentes indocumentados incluyen a aquellos con protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). A principios de año, Trump prometió poner fin al TPS de los inmigrantes haitianos y, en 2020, intentó terminar con el DACA, que la Corte Suprema de entonces bloqueó.

La industria agroalimentaria cuenta con el programa de visas temporales H-2A para la contratación sin límite de mano de obra legal de trabajadores de temporada, una vez demostrada la insuficiencia de personal nacional dispuesto, calificado y disponible para hacer la labor. El programa H-2A registró 378.000 empleados en 2023, el triple que en 2014, según los datos del Departamento de Trabajo.

Para el Departamento de Agricultura, la cifra representa, sin embargo, solo un 20% de los trabajadores agrícolas del país. El resto, lo conforman inmigrantes sin estatus legal, debido a que muchas empresas del sector señalan que no pueden pagar los requisitos de salario y vivienda que establece la visa. Muchos de ellos suplen la demanda durante todo el año de jornaleros agrarios que supera las limitaciones de los permisos de temporada.

Tras décadas de intentos fallidos de reforma de inmigración, los esfuerzos del lobby de la industria agroalimentaria en Washington se centran ahora en impulsar la ampliación de las vías legales de contratación de inmigrantes, algo que, dicen, proveería estabilidad y reducción de costes a los empresarios del sector. «Necesitamos la certeza, la fiabilidad y la asequibilidad en un programa de mano de obra que nos permita continuar la entrega de alimentos de la granja a la mesa», señaló John Hollay, director de relaciones gubernamentales de que representa a los productores agrícolas.

Aunque durante su primera administración Trump prometió al sector agrícola excepciones en las deportaciones, se llevaron a cabo redadas en el sector, incluidas plantas de procesamiento de aves de corral en Misisipi e instalaciones de productos agrícolas en Nebraska.

El sindicato United Food and Commercial Workers, que representa a algunos de los trabajadores agrícolas más afectados por la pandemia de plantas de procesamiento de carne, ha avisado de que la aplicación de las deportaciones debería tomar precauciones para evitar detener a los trabajadores que se encuentran legalmente en el país. Con todo, y a pesar de la fuerte retórica antiinmigrante, durante su primer mandato Trump deportó a menos inmigrantes (más de 1,5 millones) que Obama en sus dos mandatos (2,9 y 1,9 millones, respectivamente), y casi igual que Biden en el suyo (1,49 millones).