El gobierno de Trump niega haber desafiado a la justicia con las deportaciones de venezolanos a El Salvador

«Huy, demasiado tarde», publicó en X el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un emoji llorando de la risa, que fue retuiteado por el secretario de Estado, Marco Rubio. Los abogados del gobierno argumentan que la orden emitida por el juez en respuesta a la demanda de American Civil Liberty Union (ACLU) no afectaba a esos vuelos.

El director de los servicios migratorios, Tom Homan, aseguró ayer que los aviones, «llenos de terroristas», se encontraban ya sobrevolando aguas internacionales cuando llegó la orden y regresarlos «hubiera constituido una amenaza significativa para la seguridad pública». Según una investigación de The Washington Post, uno de ellos todavía no había despegado de Harlingen (Texas), aunque el gobierno disputa los tiempos de la notificación. El juez consideró que quienes estaban en peligro de sufrir un daño irrevocable era los inmigrantes a bordo, por lo que dio órdenes de que fueran devueltos a territorio estadounidense.

«No me importa lo que piensen los jueces», dijo Homan a Fox & Friends. Su gobierno sostiene que entre los 261 inmigrantes deportados había 137 miembros de bandas callejeras denominadas por Trump «grupos terroristas», como el infame Tren de Aragua. Sin embargo, entre el grupo deportado el mes pasado directamente a Venezuela con escala en Honduras no había ninguno con antecedentes de pertenecer a esas bandas, y solo uno tenía una orden de detención internacional por un delito cometido en Perú, contó entonces el ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello.

El gobierno de Bukele no hace preguntas. El vídeo que ha distribuido sobre la llegada de los presos muestra cómo se les obliga a arrodillarse mientras les rapan la cabeza y los visten a todos por igual en una prisión de máxima seguridad sobre la que pesan numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, el Centro de Confinamiento Terrorista (CECOT). Todo hace pensar que el gobierno de Trump tampoco hace muchas preguntas, sino que decide por su aspecto y tatuajes. Además de 101 venezolanos, Rubio sostiene que entre el grupo de deportados había dos líderes del MS-13 salvadoreño y otros 21 buscados por la justicia de ese país.

El presidente salvadoreño se ha mostrado dispuesto a aceptar incluso a ciudadanos estadounidenses a cambio de «una cantidad pequeña para EEUU», que ayudará a mantener su costoso sistema de prisiones, cuyo mantenimiento estima en 200 millones de dólares al año. Con ello, El Salvador se convierte en el nuevo Guantánamo de EEUU, una laguna legal a la que no llega la justicia estadounidense. Durante el gobierno de Bukele el país centroamericano se ha convertido en el de mayor tasa de encarcelamiento del mundo, 1.8%, lo que sobrepasa con mucho la capacidad de sus cárceles, que tienen un nivel de ocupación del 162.8%, según el World Prison Brief. «Gracias por su ayuda y su amistad», dijo Rubio en una publicación de X.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, recordó ayer a los periodistas que Tren de Aragua «es una organización terrorista que operaba en EEUU porque el gobierno anterior les permitió invadir el país», acusó. «Son monstruos», aseguró. «Deberíamos estar celebrando que el presidente Trump nos ha librado de ellos».

Más que probar las acusaciones sobre los detenidos, todas las miradas estaban ayer enfocadas en la respuesta del gobierno al juez Boasberg, cuyo desafío pone al país cada vez más cerca de una flagrante crisis constitucional. El jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ideólogo de la política migratoria de Trump, escribió la semana pasada X que «los jueces no tienen autoridad para administrar al Ejecutivo», particularmente en política exterior. Acatar sus órdenes «anularía los resultados de una elección nacional. Tenemos o no tenemos una democracia», cuestionó.