![García Luna, retrato del poder corruptor del narco](https://s3.ppllstatics.com/elcomercio/www/multimedia/202302/05/media/Clipboard--1248x770.jpg)
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Dos semanas antes de que comenzara en Brooklyn el juicio por tráfico de drogas contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del Gobierno mexicano de Felipe Calderón, el primer dispensario legal de marihuana en Nueva York abrió sus puertas a solo cinco kilómetros de distancia.
A Rodolfo Soriano Núñez, sociólogo político y exprofesor de la Universidad Autónoma de México y la Fordham University de Nueva York, que ha estudiado en profundidad el uso de la fuerza militar en el país centroamericano, le chocó tanto esa ironía que midió en Google la distancia entre lo que antes fuera una megatienda de la marca GAP en Manhattan y el tribunal federal de Brooklyn, en el que desde el 16 de enero se lleva a cabo el juicio de más alto perfil que se haya celebrado en EE UU contra un ex funcionario mexicano. Desde 2010 el porcentaje de la población estadounidense con acceso legal a la marihuana se ha duplicado, lo que significa que en ese tiempo el mercado satisfecho por la producción mexicana ha pasado del 50% al 25%, según la Corporación RAND, lo que hace que el negocio sea menos lucrativo para los carteles, que han vuelto la mirada hacia las drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo.
Si Nuñez volviera a hacer hoy la búsqueda de los dispensarios de marihuana se encontraría con que puede comprarse legalmente a solo 600 metros del lugar donde Genaro Luna se sienta en el banquillo, porque desde principios de año se han otorgado 36 licencias, hay otras 139 en proceso y 900 solicitudes en espera. El Estado de Nueva York decidió hace dos años que la mejor manera de proteger la salud era supervisar la comercialización y venta de una sustancia cuyas plantaciones mexicanas obligaba a quemar hasta hace pocos años, lo que pone en cuestión toda la guerra contra las drogas que desangra varios países latinoamericanos. Eso, y los resultados que se reflejan en la trayectoria de García Luna, primero como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), el FBI mexicano, y luego como secretario de Seguridad Pública y hombre fuerte del presidente Felipe Calderón entre 2006 y 2012. El individuo a cargo de liderar la guerra contra el narcotráfico en México, arquitecto de la militarización, al que visitaba Hillary Clinton mientras era secretaria de Estado, el senador y candidato presidencial John McCain y hasta el presidente Barack Obama, era también el que se aseguraba de que los envíos de cocaína del Cartel de Sinaloa evadían los operativos y cruzaban la frontera, según la acusación.
Esa es la verdad desnuda que revela el megajuicio: la guerra contra el narcotráfico que acuñó Nixon en 1971 «era una guerra sin futuro», resume el experto, «porque el narcotráfico va a infiltrar todos los ámbitos. Lo único que se ha conseguido con la militarización es corromper también a la Marina». EE UU tenía que haberlo sabido, aunque fuera solo por su experiencia previa con la prohibición del alcohol. Si Nixon la declaró y sus sucesores la continuaron fue «por la neurosis del puritanismo estadounidense, que intenta imponer como ley lo que pertenece a una moral privada».
Con García Luna comienza lo que el sociólogo mexicano llama «el teatro de lo absurdo», auténticas mascaradas y reconstrucciones de operativos para justificar su papel ante la opinión pública, aunque el desfile de personajes que están pasando por el tribunal de Brooklyn dará para una telenovela comparable a la de 'El Chapo»'.
Abrió la función Sergio Villarreal Barragán, 'El Grande', un policía corrupto de dos metros que empezó su carrera delictiva como ratero de coches, trabajó para los Zetas y el Cártel del Golfo, y se convirtió en capo del Cártel de los Beltrán Leyva, una célula del Cártel de Sinaloa. Con él trabajaba cuando fue detenido en 2010 y extraditado a EE UU, dos años después, donde terminó de cumplir su condena hace un año. El encargado de «torturar y ejecutar a los traidores» ya había sido testigo protegido de la Procuraduría de Justicia Mexicana (PGR), para la que declaró en contra de varios militares, y ahora lo hace contra 'El Licenciado' en el mismo tribunal y ante el mismo juez que condenó a cadena perpetua a 'El Chapo', el Pablo Escobar de nuestro tiempo. «Con ayuda del Gobierno, el cártel expandió su territorio, la cantidad de drogas que movíamos y eliminó a sus enemigos», ha contado bajo juramento.
'El Grande' estaba presente cuando su jefe, Arturo Beltrán Leyva, secuestró al entonces secretario de Seguridad Pública para preguntarle «de qué parte estaba», porque los operativos del Ejército no daban descanso a su grupo, mientras que la facción de 'El Chapo' se iba de rositas, antes de que ambas se fusionaran. Le hubiera matado, si no le hubiera convencido Oscar Nava Valencia, 'El Lobo', de que era mejor ponérselo todo «muy clarito» y sobornarlo. Desde entonces, 'El Lobo', que llegó a dirigir el Cártel del Milenio o Los Valencia, fue haciéndole pagos al jefe de la Policía mexicana a ritmo de un millón de dólares al mes, «en efectivo». Según su declaración, en una ocasión llegaron a darle diez millones para que liberase un cargamento de 20 toneladas de cocaína interceptado en Manzanillo, cuyo pago de 50 millones de dólares les reclamaban furiosos los narcos colombianos. García Luna no consiguió liberarlo, porque estaba en manos de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, pero les proporcionó documentos que lo demostraban para que pudieran calmar a los colombianos.
Israel Ávila, que llevaba la contabilidad del Cartel de Sinaloa en hojas de cálculo Excel, ha confirmado ante el tribunal que el jefe de la Policía mexicana estaba en nómina. «La máxima cantidad que a mí me tocó ver fueron cinco millones de dólares», aclaró. «Sí, ¿y dónde están esos documentos, en su celda?», le respondió socarrón el abogado de García Luna. Su estrategia es demostrar que se trata de una revancha por su labor, con testigos interesados sin credibilidad, que buscan una reducción de sentencia o un permiso de residencia para no tener que volver a México después de haber declarado contra los capos. «Uno tiene temor de sentarse aquí», reconoció 'El Lobo' cuando la defensa señaló sus contradicciones.
A Tirso Martínez Sánchez 'El Mecánico', también conocido como 'El futbolista' por haberse gastado la fortuna en comprar equipos de fútbol, lo contrató en los años noventa Amado Carrillo, El Señor de Los Cielos, que murió poco después durante una cirugía para cambiar de aspecto. Él construía compartimentos secretos en los camiones del Cártel de Tijuana para ocultar los alijos de cocaína. En la década de los 2000 pasaba los cargamentos de la banda de Sinaloa en trenes, donde logró ocultar alijos valorados en 240 millones de dólares.
Entre todos, es posible que logren hilvanar un caso convincente contra el otrora todopoderoso García Luna. Este podría argumentar que sus actividades eran parte de su trabajo, algo así como hacer de policía bueno y policía malo, «porque en México existe la creencia de que no se puede ni se debe golpear a todos los cárteles a la vez, solo a los más violentos», explica el experto. Eso lo podría contar mejor su jefe, el expresidente Felipe Calderón, pero la defensa no ha hecho intención de llamarle y la acusación no le necesita. «Calderón tendría que hablar de muchas cosas», sospecha Núñez, «y a final de cuenta, García Luna tiene una deuda con él. Es quién es gracias a él. No puede quemar todos sus contactos, alguien tiene que defender a su familia».
El expresidente se dice ajeno a todo lo que ocurría bajo su mirada de todopoderoso, y no le queda más que encomendarse al creador con citas evangélicas que lanza a las redes: «Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos», tuiteó el domingo pasado.
Lo más posible es que García Luna muerda la bala y espere mejores tiempos. «Al final, es como dormir con un elefante: si se le ocurre voltearse te aplasta», suspira el experto mexicano. Pero si de él dependiera, preferiría que condenasen al arquitecto de la militarización de la guerra contra las drogas «por la ineptitud con la que condujo la política de seguridad pública en su país».
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