El Senado de EE UU aprueba la reforma de la ley de vigilancia de la NSA

El Senado de Estados Unidos ha aprobado una importante reforma que reduce los poderes de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), en particular la recolección masiva de datos telefónicos, autorizados tras los atentados del 11 de setiembre de 2001.

La reforma, bautizada USA Freedom Act (Ley de Libertades), tiene por objectivo limitar el programa de la NSA de recolección de metadatos de las llamadas telefónicas (hora, duración, número al que se llamó), la más criticada de las medidas de espionaje puestas en vigor en el marco de la Patriot Act (Ley patriótica). Ya aprobada por la Cámara de Representantes, la ley tiene que ser promulgada por el presidente Barack Obama.

El texto prevé transferir los datos acopiados hasta ahora a las compañías telefónicas para calmar los temores sobre la vigilancia de los estadounidenses por parte del gobierno. Las autoridades accederán a partir de ahora a esos datos únicamente tras la autorización de la justicia. La amplitud de los poderes de espionaje de la NSA había sido revelada por su exconsultor Edward Snowden en junio de 2013.

Acuerdo excepcional

Con una votación de 67 votos a favor y 32 en contra, se puso fin a dos semanas de desacuerdos entre dos facciones de la oposición republicana, pese a que el texto original fue aprobado de manera abrumadora y bipartidista en la Cámara de Representantes catorce días.

Incluso el presidente de la Cámara Baja, el republicano John Boehner, y el propio Obama se pusieron de acuerdo en apoyar la reforma de la "Ley Patriota", una situación excepcional dada la polarización que existe entre el Congreso, controlado por los republicanos, y la Casa Blanca, de color demócrata. Pero fue en el propio seno de los senadores conservadores donde estaba el obstáculo.

Mientras que el republicano Rand Paul es un firme detractor del espionaje masivo que ejecuta Estados Unidos amparándose en dicha legislación, Mitch McConnell, líder de la mayoría, pretendía que ésta se mantuviera como estaba, incluyendo la polémica capacidad del Gobierno para recopilar datos de los usuarios.

Ante el fracaso para llevar adelante su postura y la consiguiente expiración de la propia ley que defendía, McConnell cedió a aceptar la legislación, pero introdujo varias enmiendas para "asegurar que los programas de vigilancia funcionen correctamente".

La presentación de dichas modificaciones auguraba por necesidad un retraso aun mayor de la reactivación de la ley de vigilancia, ya que el texto tendría que haber vuelto a la Cámara Baja, sin embargo, todas las enmiendas fueron rechazadas por lo senadores.