Yoon declara ante el Tribunal Constitucional: «Nunca ordené el bloqueo del Parlamento»

Esta es la primera vez que un presidente acusado comparece personalmente ante el Constitucional surcoreano, que arrancó a las 14.00 hora local con un mandatario vestido de traje azul y corbata roja que arrancó con un alegato de un minuto: «Soy una persona que ha vivido con una firme creencia en la democracia liberal mientras se desempeñaba como funcionario público. Lamento que los jueces que estén pasando por un momento difícil con mi caso de impeachment cuando están sobrecargados de litigios constitucionales».

Yoon salió del centro de detención de Seúl alrededor de las 12:48 para asistir a la audiencia pública del juicio, en una comitiva con dos vehículos del Ministerio de Justicia y diez del servicio de seguridad presidencial. A las 13:11 llegó a los juzgados y cuando faltaban dos minutos para las dos de la tarde arrancó la declaración ante el gran jurado.

El mandatario negó haber intentado bloquear la acción de la Asamblea Nacional o haber ordenado la creación de un órgano legislativo de emergencia que usurpara sus funciones. Ante la pregunta del magistrado sobre si entregó un memorando al ministro de Finanzas con el objetivo de asignar un presupuesto para este organismo, la respuesta fue una negativa absoluta: «Nunca se lo di. Más tarde supe que se publicó a través de los medios mucho después de que se levantara la ley marcial. La única persona que podría haber hecho esta orden es el exministro de Defensa, pero fue detenido en ese momento por lo que no pude confirmarlo».

Cuando el juez planteó la cuestión: «¿Alguna vez ordenó al ejército que desalojara a los miembros de la Asamblea Nacional reunidos para votar el levantamiento de la ley marcial?», Yoon respondió con un breve «no». Ni cuando se le mostraron vídeos de la actuación militar en la sede parlamentaria se salió del guion. Más adelante cargó contra el poder de la Asamblea Nacional y los medios de comunicación. En su opinión, unas «superpotencias» con más influencia que el presidente del país asiático.

Yoon ha insistido en la amenaza de Corea del Norte, con quien Seúl sigue técnicamente en guerra desde los 1950, y en el fraude electoral como justificación de la ley marcial declarada el pasado 3 de diciembre. «Antes del decreto hubo varias cosas que plantearon dudas sobre la confianza en la imparcialidad de las elecciones. No fue para plantear una teoría de la conspiración, sino para comprobar los hechos».

La defensa del presidente ha sostenido que no existía «intención» de hacer cumplir la ley marcial, para lo que no había ningún plan ni equipo encargado de ello. Sobre el motivo para enviar militares al Parlamento, los abogados del mandatario han explicado que «era para informar a la población sobre el comportamiento destructivo» de la oposición. También han negado las órdenes de arresto de políticos, como a Hang Dong-hoon, entonces líder del Partido Democrático, la propia formación de Yoon, o el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-sik.

Ahora el tribunal debe analizar las pruebas presentadas por la Asamblea Nacional y en relación con la ley marcial anunciada a principios de diciembre y que ha sumido al país en una grave crisis interna. El Constitucional tiene 180 días para pronunciarse sobre el caso y ratificar o no su destitución. En caso afirmativo, Yoon será cesado definitivamente y el país tendrá que acudir a elecciones anticipadas en un plazo de 60 días. En caso de que la Justicia rechace su destitución, volverá a la presidencia.

Tras su declaración, Yoon ha sido trasladado a un hospital militar para recibir un tratamiento médico del que se desconocen los detalles. El lunes había sido sometido a una exploración por un doctor funcionario del ministerio de Justicia, que autorizó este procedimiento en un centro externo, que ya había sido recetado por el médico personal del mandatario hace un mes. Tras esta visita hospitalaria, volverá al centro de detención en el que permanece tras su arresto la semana pasada. Allí le esperan los investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) que pretenden volver a interrogarle después de que el lunes volviera a guardar silencio durante las seis horas que permanecieron con él. La defensa de Yoon considera «ilegal» el proceso abierto por este organismo.