China fracasa al intentar imponer su modelo autoritario a Hong Kong

Después de que decenas de miles de personas, sobre todo jóvenes y adolescentes, bloquearan el miércoles el Parlamento enfrentándose a la Policía, Lam cedió finalmente a la presión popular. «Anuncio ahora que el Gobierno ha decidido suspender el ejercicio de la enmienda legislativa, reiniciar nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad para explicar mejor nuestro trabajo y escuchar diferentes opiniones», leyó Lam en su comparecencia, primero en cantonés y luego en inglés.

Aunque aseguró que «no tenemos intención de establecer un plazo» para tramitar el proyecto de ley, no cree que «pueda hacerse antes de final de año» porque quiere abrir un nuevo periodo de consultas públicas. La comunicación sobre la ley de extradición es uno de los aspectos que el Gobierno pretende corregir, ya que ha despertado el miedo en la sociedad hongkonesa pese a que las autoridades insistían en que solo se aplicaría a delitos violentos con más de siete años de cárcel y se respetarían los derechos humanos. «Ha habido inexactitudes y no hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno para convencer a la gente», admitió Lam, quien pidió disculpas por esta gestión pero no por la represión policial de las protestas del miércoles.

Esquivando las continuas preguntas de la Prensa sobre su dimisión, defendió la labor «defensiva» de la Policía al dispersar con gases lacrimógenos el cerco al Parlamento, que se saldó con más de 80 heridos –20 de ellos agentes– y once detenidos. «La concentración del miércoles no fue pacífica y los manifestantes se enfrentaron con armas a la Policía, que trabajó muy duro para mantener el orden y se mostró comedida», justificó la jefa ejecutiva.

Con el fin de evitar más incidentes violentos como los del miércoles, que han conmocionado a una ciudad tan cívica como Hong Kong, Lam ha optado por aplazar una iniciativa que ha causado una profunda división social y ha acaparado la atención internacional. A pesar de este evidente fallo de gestión política, aseguró contar con «la comprensión y el apoyo del Gobierno central» amparándose en el principio de «un país, dos sistemas», que en teoría concede cierta autonomía a esta antigua colonia británica.

Según explicó, su objetivo solo era resolver los vacíos legales que sufre Hong Kong por la falta de acuerdos de extradición con 170 países, que han impedido castigar el crimen cometido el año pasado por uno de sus ciudadanos en Taiwán. Pero lo único que ha conseguido es despertar el miedo entre los hongkoneses a perder sus libertades y ser juzgados en China continental, donde los tribunales están supeditados al régimen del Partido Comunista.

Una vez más, Pekín ha fracasado al intentar imponer su modelo autoritario a la excolonia, devuelta por el Reino Unido en 1997. Seis años después, China quiso promulgar una ley de seguridad nacional que penaba la subversión y rechazada por la sociedad hongkonesa. Prevista por el artículo 23 de la Ley Básica, aún por desarrollar, dicha moción sacó a la calle a medio millón de personas el 1 de julio de 2003 (aniversario de la devolución) al temer que restringiría sus libertades, mayores que en el resto del país. Como esta ley de extradición, fue suspendida y sigue en el cajón, pero los activistas temen que el régimen pueda recuperarla.

En 2012, decenas de miles de estudiantes se rebelaron contra una Ley de Educación Patriótica que consideraban un lavado de cerebro, obligando también al Gobierno a retirarla. Entre los organizadores de las protestas figuraban muchos de los jóvenes que dirigieron en 2014 la «Revuelta de los Paraguas», que ocupó tres puntos neurálgicos de la ciudad durante casi tres meses para reclamar pleno sufragio universal. Aunque aquel movimiento fracasó y sus líderes, como el precoz Joshua Wong, acabaron en la cárcel por desórdenes públicos, sembró las bases de este movimiento que, cinco años después, ha tumbado – aunque sea temporalmente – la ley de extradición.

Aprendiendo la lección, los jóvenes y adolescentes que bloquearon el Parlamento el miércoles se organizaron a través de Telegram, una red social encriptada, para no ser detectados y se taparon los rostros con máscaras para evitar ser reconocidos. En caso de ser identificados, se enfrentan a penas de hasta diez años de cárcel por disturbios.

Al cada vez mayor control político y económico de Pekín se suma la creciente llegada de chinos del continente, que está generando tensiones sociales. Pero, como reconoce una de las participantes en las protestas, una universitaria de 21 años que se presenta como «Señorita Wong», «el problema no es China, sino su régimen totalitario, en el que no confiamos porque no compartimos los mismos valores».

Provocando justo el efecto contrario, el autoritarismo chino ha rebelado a la juventud hongkonesa, despertando una conciencia política que no tenían las pragmáticas generaciones anteriores. De momento, Hong Kong le ha ganado la batalla a Pekín, pero aún queda la guerra por la democracia.