La violencia se enroca en Perú, donde una comisaría y un puesto fronterizo han sido incendiados

En el transcurso de los altercados, doce personas resultaron heridas (tres de ellas terminaron hospitalizadas) mientras un agente fue tomado como rehén y cinco personas acabaron detenidas. Horas más tarde y tras intensas negociaciones, los arrestados fueron intercambiados por el agente.

Asimismo, un puesto fronterizo con Bolivia y otras sedes públicas han sido incendiadas por manifestantes. Una oficina de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y un puesto de migración en Yunguyo, situada a un par de kilómetros del país vecino, fueron quemados. La Cancillería señaló que la destrucción de la sede aduanera «perjudica el comercio bilateral» y «atenta contra la economía de miles de familias».

Las protestas en Perú no hacen más que agudizarse tras las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte de mantenerse firme en el poder. Las muertes en medio de las manifestaciones ascienden a 62. Los dos últimos fallecidos han sido un hombre de 23 años que murió en una de las carreteras donde los manifestantes habían levantado barricadas y un conductor de camión, de 54 años, que se habría negado a pagar para pasar por una vía bloqueada y recibió un disparo en el pecho, lo que es objeto de investigación, han informado fuentes policiales.

Boluarte ha recalcado que permanecerá en el cargo hasta la celebración de nuevas elecciones, previstas para 2024. Sin embargo, según medios locales, la presidenta habría querido dimitir tras las primeras muertes registradas durante las protestas, pero el primer ministro, Alberto Otárola, le ha persuadido para no hacerlo. La razón es que Boluarte «sería procesada por los fallecidos y que lograría el apoyo tanto de la bancada en el Congreso de la derecha y de las Fuerzas Armadas si se mantenía en sus funciones».

Frente a la reticencia por parte del Gobierno a ceder ante las peticiones de disolver el Congreso y convocar elecciones inmediatas, varios líderes de organizaciones campesinas y sociales han afirmado que continuarán las movilizaciones en Lima. Además, han advertido que en los próximos días las protestas se intensificarán. Mientras tanto, más personas se unen a ellas. Un numeroso grupo de tres ciudades, al sur del país, ha salido camino a la capital para unirse a los miles de ciudadanos que quieren manifestarse de nuevo en Lima. Más de cien carreteras permanecen también bloqueadas. Miles de vehículos de carga pesada permanecen atrapados, algunos desde hace dos semanas, en la principal arteria peruana, la vía Panamericana.

Por su parte, diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la ONU y Amnistía Internacional, tienen los ojos puestos en el reciente desalojo que ha hecho la Policía en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, donde acampaban cientos de manifestantes llegados de todo el país para participar en las marchas. En total, 193 personas fueron retenidas y después de alrededor de 30 horas, la Fiscalía de Perú anunció que 192 fueron liberadas el domingo; entre ellas un menor y mujer embarazada.

La Policía afirma que la operación se desarrolló tras una denuncia sobre agresiones y robos en el centro educativo. Sin embargo, los efectivos policiales habrían irrumpido en la Universidad, según sus rectores, haciendo un «evidente uso de la fuerza», lo que ha sido tildado como «abuso de autoridad».

La falta de personal de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público durante el desalojo agudiza las acusaciones. Unos 400 policías irrumpieron con tanquetas y la ayuda de fuerzas especiales en el campus. El ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que la intervención fue motivada para «dar seguridad y subrayó que durante la operación «no hubo ni un solo herido» provocado por los agentes.

El Gobierno apoya la versión de que las fuerzas de seguridad actuaron para reestablecer el orden en la sede universitaria mientras unos 300 manifestantes «agredieron al personal de seguridad y robaron equipos y material» de diversa índole. El Congreso ha pedido que tanto el primer ministro como la rectora de la Universidad acudan al pleno para detallar lo ocurrido en el campus.