La Justicia suspende al partido que ganó las elecciones en Guatemala

Un poco antes de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) oficializara los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales del pasado 20 de agosto, el Movimiento Sevilla recibió la noticia de que provisionalmente quedaba suspendida su figura jurídica por un supuesto caso de firmas falsas que se habría cometido en 2018, cuando fue fundado. La formación ha presentado ya un recurso al TSE para anular la decisión, según ha informado este martes el abogado del partido, Juan Gerardo Guerrero.

No será una legislatura dulce para Arévalo, como no ha sido tampoco sobrevivir en un ambiente adverso en el que desde el primer momento sus detractores y el Ministerio Público han intentado deslegitimar al partido. En cualquier caso, el presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha asegurado este martes que la transición de gobierno se llevará a cabo de forma «ordenada», «transparente» y «eficiente».

Diputados de la formación vencedora en las elecciones ya habían advertido en conversaciones con este periódico que su partido estaba viviendo una intensa judicialización «promovida por actores poco democráticos que no quieren respetar la institucionalidad democrática ni la voluntad popular». Según la misma fuente, el movimiento era objeto de «muchísimos ataques judiciales que buscan por un lado cancelar el partido o anular unas candidaturas». Dicho y hecho.

Nada más conocer los resultados anunciados por el TSE, Unidad Nacional para la Esperanza (UNE), el partido derrotado en los comicios y que presentó por tercera vez como candidata a Sandra Torres, publicó un comunicado de cinco puntos en el que manifestaba su protesta por la oficialización de los resultados y calificaba de ilegal y precipitada la decisión del órgano electoral de proclamar a Arévalo presidente. Según UNE, el proceso finaliza el próximo 31 de octubre y la divulgación del escrutinio debería realizarse como muy tarde el 8 de noviembre.

En su comunicado, UNE alega que el Registro de Ciudadanos, órgano técnico que depende del TSE, suspendió la personalidad jurídica de Semilla por una orden judicial, y por lo tanto todos sus candidatos están impedidos para ejercer sus derechos políticos por ser nulos de pleno derecho. Asimismo, la formación centrista reclama a los órganos fiscalizadores del Estado –Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público- que aclaren los hechos ocurridos tanto en la primera como en la segunda vuelta «con el fin de garantizar la pureza de las elecciones y la democracia».

En conferencia de prensa, Arévalo y Herrera anunciaron que recurrirán la suspensión de su partido porque la consideran «nula de pleno derecho». Arévalo aseguró que quiere «poner fin a la persecución política que ha encabezado el juez Fredy Orellana, junto al fiscal Rafael Curruchiche». La denominada Lista Engel, creada por Estados Unidos para dar cuenta de «actores corruptos y antidemocráticos» de los países centroamericanos, incluye a Orellana después que ordenara investigar a José Ramiro Muñoz, del TSE, por no suspender al Movimiento Semilla en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones. El mandatario electo acusó al juzgado séptimo de cometer «acciones ilegales que violentan las garantías del debido proceso, vulnerando el derecho de defensa de audiencia y la tutela judicial efectiva».

Arévalo lanzó igualmente un mensaje a los ciudadanos: «El pueblo de Guatemala tiene que saber que el Movimiento Semilla no claudicará en la exigencia al respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y al respeto al Estado de derecho y al régimen democrático que están siendo amenazados por quienes se niegan a aceptar el cambio que Guatemala exige». Muchos guatemaltecos se manifestaron este martes en contra de la suspensión de Semilla. Algo parecido ya había sucedido tras la primera vuelta de las elecciones el pasado julio. Entonces tanto el Ministerio Público como la Fiscalía pidieron la suspensión e incluso acusaron a la formación de fraude electoral, y pretendían la repetición de los comicios. Arévalo denunció un «golpe de Estado técnico».

En su campaña a la presidencia, Arévalo prometió combatir la corrupción e inseguridad, crear empleo y promover políticas para combatir el cambio climático. Quiere ser el protagonista del Gobierno del cambio y es consciente de que tendrá que afrontar una lucha sin cuartel y reforzar su seguridad personal ante un posible atentado.