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«El objetivo principal de la zona de bajas emisiones (ZBE) no es la renovación del parque de vehículos por otros menos contaminantes», señala el proyecto técnico para implantar en La Calzada el primero de estos espacios de acceso controlado para los vehículos ... motorizados que Gijón, al igual que el resto de ciudades de 50.000 habitantes, está obligado a crear por ley, pero en el que las restricciones se pretenden limitar a los días con alerta por contaminación y vinculadas a criterios como el lugar de residencia y trabajo y no a características como la antigüedad y el tipo de motorización de cada vehículo.
El documento remarca que «los ciudadanos empadronados en el interior de la ZBE podrán mantener sus vehículos privados para sus desplazamientos habituales en cualquiera de los escenarios previstos, indistintamente de su nivel de ingresos». Y para el resto, al contrario de lo que ocurre por ejemplo en Madrid, «las medidas no contemplan una restricción permanente de los vehículos sin distintivo», sino solo ante unos «escenarios puntuales por contaminación» como los que en 2023 únicamente se registraron en 35 de los 365 días del año y que se prevé que, con el paso del tiempo, vayan yendo a la baja. Cuando se active el 'nivel 0' o 'preventivo' de los protocolos anticontaminación (se estiman unos 17 días al año) seguirán estando exentos de restricciones todos los vehículos de personas empadronadas en Gijón o Carreño, así como los de quienes trabajen en Gijón; con 'nivel 1' o 'aviso' (18 días al año) podrán seguir circulando todos los que tengan su domicilio o lugar de trabajo dentro de la ZBE, aunque carezcan de distintivo ambiental; y con 'nivel 2' o 'alarma' (un día al año) los residentes en el ámbito de la ZBE seguirán manteniendo todos los derechos para moverse por ella en coche con independencia de su modelo y antigüedad.
Aún así, el proyecto técnico aprobado por la junta de gobierno, que ahora saldrá a información pública durante un periodo de 30 días como fase previa a la elaboración de la ordenanza que convertirá estas propuestas en norma, prevé que a lo largo de los próximos años el cambio a vehículos menos contaminantes «se acentúe» por «la influencia de la regulación de otras ciudades» como Oviedo, Avilés y el concejo de Siero, también obligados por tamaño a establecer zonas de bajas emisiones. Es decir, que aunque para circular por La Calzada no sea imprescindible contar con vehículos con determinadas etiquetas ambientales, sí habrá gijoneses que cambien de vehículo para poder hacerlo en esos otros municipios, así como residentes en esos territorios que se desplazan a La Calzada y que en un futuro lo harán con vehículos menos contaminantes.
En su análisis de la situación actual del tráfico en La Calzada el documento diferencia entre los datos referentes a los vehículos empadronados en Gijón («parque censado») y los del tráfico que circula por las calles de la futura Zona de Bajas Emisiones («parque circulante»). Con respecto a los primeros, tanto entre los 160.689 vehículos registrados en el concejo como entre los 10.819 de La Calzada constan un 25% de vehículos sin distintivo, un 69% con etiqueta 'B' o 'C', un 2% con distintivo 'Eco' y menos de un 1% catalogados como '0 emisiones'. Sin embargo un estudio sobre el «parque circulante», realizado a partir de mediciones con cámaras lectoras de matrículas en diferentes puntos de La Calzada y que refleja que un 46% de los vehículos son de fuera de Gijón, cifra los turismos sin etiqueta en un 12,2%, los de las etiquetas 'B' y 'C' en el 77,6% y los 'Eco' y '0 emisiones' en un 10,2%.
Extrapolando la evolución registrada con la implantación de zonas de bajas emisiones en lugares como Madrid y Palma de Mallorca, la proyección en el caso de Gijón es que en 2030 los turismos sin etiqueta que circulan por La Calzada bajen del 12% al 6%; los del distintivo 'B', del 34% al 22%; y los de tipo 'C', del 43% al 40%. Mientras, los turismos 'Eco' pasarían del 9% al 22% y los de '0 emisiones' del 2% al 10%.
Aunque son muchos los detalles que se tendrán que concretar en el articulado de la ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada, y para la que se prevé una primera fase «informativa» que arrancará en el segundo semestre de este año y otra ya con sanciones a partir de 2028, el proyecto técnico aprobado el lunes por la junta de gobierno trata de aclarar de antemanon varias dudas con respecto a su impacto sobre determinadas actividades. Los taxis tendrán autorizado el acceso a la ZBE, por lo que su implantación no afectará a este servicio. Y lo mismo ocurrirá con las empresas de reparto de mercancías, que de hecho «al reducirse el tráfico verán mejorada la eficiencia de la distribución urbana de mercancías, optimizando sus operaciones de entrega». En lo que respecta a los talleres de reparación, «los vehículos sin distintivo ambiental que accedan a ellos dispondrán de una autorización temporal de acceso». Y tampoco estará restringida la circulación por este área de los servicios públicos esenciales –Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía, vehículos de extinción de incendios, protección civil y salvamento, ambulancias y otros servicios de emergencias–, la de vehículos de las administraciones públicas o sus contratistas ni la de servicios de transporte urbano municipal (los autobuses de EMTUSA).
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