«Van a tener que corregirlo», advierte Gijón al ministerio sobre la Zona de Bajas Emisiones

«Es importante que la gente sepa que lo que se está pretendiendo es que multemos a un gijonés por coger su coche para ir a hacer la compra o para ir a trabajar y, mientras tanto, ese mismo ente que nos quiere sancionar es el que no hace las obras que prometió en campaña», añadió Martínez Salvador en referencia al fallido proyecto del vial de Jove.

Foro promoverá sendas iniciativas, en el próximo Pleno municipal y en la Junta General del Principado, para que no se condicionen las ayudas al transporte público a la imposición de multas en las Zonas de Bajas Emisiones. Según Martínez Salvador, no hay otra posibilidad. «No barajamos ahora misma otra opción» más que esa, insistió en declaraciones a EL COMERCIO.

Refuerza así el mensaje que su compañero en el equipo de gobierno Pelayo Barcia trasladó el viernes tras la comisión de Tráfico en la línea de que mientras no esté ejecutado el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña, obra que aliviaría el tráfico en la avenida Príncipe de Asturias no se aplicarán las Zonas de Bajas Emisiones. «Es algo que no va a ocurrir mientras Foro esté en el gobierno», afirmó el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público.

Sobre esta cuestión, en la que el equipo de gobierno choca frontalmente con los grupos municipales de izquierdas, también se refirió la semana pasada el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. Aprovechando su visita a Gijón para participar en la reunión del consejo de administración de Gijón al Norte. recordó que las obligaciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) obedecen a una normativa europea que España está obligada a cumplir. De no hacerlo, recordó, los municipios corren el riesgo de perder unos fondos europeos que, en total, suman 1.500 millones para la instalación de ZBE y nuevo transporte público.

«Esos fondos se aplicaron bajo unas condiciones que todo el mundo conocía, no estamos inventando nada nuevo, todo el mundo sabía cuáles eran las condiciones para recibir ese dinero, por tanto eso no es ya un problema ni del municipio de Gijón ni de las comunidades autónomas, es un problema global de España», zanjó Santano.