El TSJA fija el paso por la Casa Malva como prueba de haber sufrido violencia de género

En 2007, la mujer «se fue de casa porque su marido la quería matar» y se refugió en la Casa Malva, donde estuvo ingresada cinco meses. No llegó a presentar denuncia «por miedo», pero meses después se divorció de él, quedándole una pensión compensatoria de 360 euros que estuvo cobrando hasta mediados de 2017. A finales de ese año, después de que dejara de percibirla, su exmarido falleció y tras «haberse quedado sin nada», la mujer solicitó una pensión de viudedad.

En una primera sentencia el juzgado de lo Social número 4 se la denegó, pues aunque la demandante «pretende hacer valer la consideración de víctima de violencia», la magistrada interpretó que esta condición no estaba probada. O al menos no del modo que prevé el artículo 220 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se menciona como únicas formas de acreditar esa situación que hubiera existido una sentencia firme, una orden de protección a su favor o «un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género».

El informe de la Cruz Roja que documenta el paso de la mujer por la Casa Malva no fue prueba suficiente para la jueza, pero sí para el TSJA. «El ingreso y estancia dentro de la red de casas de acogida creada por convenio entre Cruz Roja, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón están limitados a las mujeres y menores víctimas de violencia de género», recoge el fallo emitido esta semana.

Y una vez reconocida esa condición la relaciona directamente con la disolución de su matrimonio, «por la proximidad entre el periodo en que estuvo amparada por esa red y la fecha de la sentencia de divorcio». Razón necesaria para concederle la pensión.