MARCOS MORO
GIJÓN.
Jueves, 13 de mayo 2021, 01:58
Las tres administraciones que integran Gijón al Norte, las tres con gobiernos socialistas al frente, redefinieron ayer el futuro del plan de vías con la devolución de la estación intermodal a Moreda. La reunión telemática del consejo de administración no deparó sorpresas ... y Ministerio de Transportes, Principado y Ayuntamiento de Gijón votaron a favor de proseguir con la tramitación del estudio informativo contratado hace ahora tres años (en mayo de 2018), pero eligiendo la alternativa de Moreda como la preferente en detrimento de la ubicación que viene recogida en el convenio de 2019, la del Museo del Ferrocarril. Únicamente se opusieron a dar este paso dos de los cuatro consejeros municipales: los representantes de Ciudadanos y del PP, los ediles Rubén Pérez Carcedo y Alberto López-Asenjo, respectivamente.
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La alcaldesa Ana González y su socio de gobierno del IU, el concejal de Medio Ambiente Aurelio Martín, sí suscribieron el acuerdo de dar inicio a la evaluación ambiental de las dos alternativas de emplazamiento en el Ministerio para la Transición Ecológica, procedimiento que debe concluir con la declaración de impacto ambiental para ambas y la aprobación definitiva del estudio informativo con sus conclusiones a favor de Moreda. En el Ejecutivo central establecen un mínimo de cuatro meses de plazo para cubrir todo ese expediente ambiental, pero desde el Ayuntamiento, con la alcaldesa a la cabeza, desconfían de esas estimaciones tomando como referencia el mal precedente de la declaración de impacto ambiental para la depuradora del este, que tardó más de un año. Por ello todo hace pensar que habrá inevitablemente nuevos retrasos. «Hasta que no haya declaración de impacto ambiental no se verán realidades», admitió ayer la regidora sin atreverse a dar en este momento ninguna fecha -siquiera lejana- de licitación o de ejecución de obras y comprometiéndose, eso sí, a que «desde Gijón insistiremos todo lo posible para que se acelere este proceso».
González reconoció que su primer propósito era no haber seguido adelante con la tramitación de este estudio informativo y haber aprovechado la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2006 para Moreda. Todo ello al entender que ésta seguía vigente y con el fin de ahorrar trámites y plazos al proyecto. «Proponía suspender este estudio informativo, que era posible, pero me eché atrás porque ya sabía que me iban a denunciar. No podía correr riesgos que añadieran más tiempo al tiempo. Ahora vamos a cumplir con toda la tramitación», expuso. Pese a las manifestaciones de la regidora no queda del todo claro si realmente la antigua declaración ambiental de 2006 valía para 2021 o era mejor renovarla por seguridad jurídica, el camino por el que finalmente se ha optado.
Sea como fuere, el encargo a Ineco, la consultora contratada por 600.000 euros para realizar el estudio informativo de la estación intermodal gijonesa, tiene fecha de caducidad. Se le dio un plazo de dos años (24 meses) para completar todos los trabajos y ya han transcurrido tres años (36 meses). La tramitación de dicho estudio informativo, es cierto, quedó suspendida temporalmente unos meses al faltar informes preceptivos para la evaluación ambiental que no acababan de llegar al Ministerio de Transportes. Sin embargo, tras recibir todos esos informes y analizar su contenido, por parte de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, se procedió con fecha del pasado 25 de febrero a la reanudación del encargo, siendo actualmente la fecha de finalización del mismo el 6 de octubre de 2021.
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El edil de Ciudadanos y consejero de Gijón al Norte, Rubén Pérez Carcedo, justificó su no en la votación de ayer aduciendo que «la preferencia de la opción de Moreda es una decisión fruto de la imposición y no del diálogo, al no haber ido precedida del necesario debate y acuerdo político y social en la ciudad». El edil también conminó al PSOE a abandonar esta actitud y a que «antes de realizar cualquier cambio de carácter irreversible se debata tanto en el Pleno municipal como en el Consejo Social, de forma que una vez que haya un acuerdo municipal se traslade al consejo de administración de Gijón al Norte «y no al revés».
Alberto López-Asenjo, consejero por el PP, incidió en los mismos argumentos y también defendió su postura «para evitar que se usurpe con un arreglo entre administraciones socialistas un acuerdo que compromete una inversión d 814 millones para Gijón y que contaba con un amplio consenso político y social». Asenjo aseguró que su partido no se cierra analizar otras opciones, pero con información.
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