Transportes prorroga el estudio de la estación intermodal de Gijón para pedir otro permiso ambiental

La alcaldesa, Ana González, sostiene que la mejor opción es ejecutar la estación junto a la actual terminal provisional de Sanz Crespo, en el costado del parque de Moreda. Entre sus beneficios aduce que esta opción cuenta ya con un estudio y permiso en vigor, que la declaración de impacto ambiental lograda en 2006 es aún válida. Si el Principado y el Ministerio de Transportes asumen esta tesis, podrían avanzar directamente a la segunda casilla, esto es, la redacción del proyecto. Basta que se reúnan y sellen el acuerdo en un nuevo convenio.

Ese es el planteamiento por el que pugna González. Mientras lo consigue o no, el ministerio mantiene a gente trabajando en la fase previa. Tramita un estudio informativo que compara los pros y contras de levantar la estación en ese lugar o unos 400 metros más hacia el centro, junto al Museo del Ferrocarril. Es decir, se afana en completar un trabajo que en realidad resulta prescindible si se opta por ejecutar Moreda en base al estudio ya tramitado y aprobado en 2006.

La redacción del estudio informativo actual se confió a la consultora pública Ineco, que hasta el pasado abril había pasado cuatro certificaciones, hasta facturar un total de 443.299,72 euros. Los ingenieros entregaron en marzo el documento técnico, en mayo recibió la aprobación de la Secretaría General de Infraestructuras y fue sometido a información pública el 4 de junio, por un plazo de 30 días hábiles. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado, daba de margen a ciudadanos y administraciones hasta mediados de este mes para formular alegaciones.

El tramite para conseguir la aprobación de un nuevo estudio informativo y su nuevo permiso ambiental continúa, y el ministerio acaba de asegurarse de que así siga. El contrato que se adjudicó Ineco para asistirle en este trabajo expiraba el 1 de junio, tras 24 meses de asistencia.

Sin embargo el ministerio ha acordado una prórroga de seis meses, hasta el 1 de diciembre de este año.

La resolución que lo ampara se dictó a finales de marzo y justifica la ampliación de plazo en la crisis de la COVID-19; la pandemia sería la causa de que «la culminación del documento técnico de este estudio informativo antes de su aprobación provisional se vaya a retrasar». Se trata de un formalismo para activar la prórroga. En realidad el encargo ya llegaba con retraso antes del coronavirus.

Acudiendo a esa argucia Transportes mantiene vivo el contrato con Ineco con el objetivo de que le auxilie en la fase B del encargo, esto es, el «apoyo en la fase de alegaciones». Una vez se cierre este mes el plazo para formularlas, se encargará de revisarlas y darles respuesta, asumiendo las objeciones pertinentes. Con ese informe, Transportes ya quedará en condiciones de someter todo el expediente al examen del Ministerio para la Transición Ecológica, de cara a obtener su declaración de impacto ambiental.

Los plazos están tasados. El departamento que dirige José Luis Ábalos dispone hasta julio de 2021 para remitir esa documentación, o hasta enero de 2022 de solicitar la única prórroga posible. Si se pasa de esa fecha, las alegaciones caducan. El hecho de renovar a Ineco hasta diciembre sugiere que el planteamiento de Transportes es no apurar y pasar el expediente a Transición para la Ecología a final de año.

Todos estos trámites, trabajos y facturas son prescindibles si termina imponiéndose la posición de la alcaldesa. González viene apremiando al resto de grupos y administraciones a tomar partido y entre los argumentos que esgrime para ello está que el estudio y permiso logrado para Moreda en 2006 sigue siendo válido, se puede trabajar sobre él, pero decaerán si finalmente Transportes culmina el trámite y recaba ahora una nueva autorización ambiental. Desde ese punto de vista, sería un placet innecesario y redundante, por más que se daría en consonancia a las leyes ambientales y ferroviarias aprobadas después de 2006.