Una tramitación que terminará en la Audiencia Nacional

Problemas con el suministro de las canteras, nuevos precios para el material pétreo y un sobrecoste que al final superó los 85 millones de euros fueron algunos de los obstáculos más importantes a los que debieron hacer frente los entonces presidente y director de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato. Una denuncia de Andecha Astur y un posterior informe de la Oficina Antifraude la Unión Europea (Olaf) llevó a ambos, y a otros responsables empresariales de Puertos del Estado y del Ministerio de Fomento, ante la Audiencia Nacional. La jueza de instrucción acaba de confirmar que habrá juicio, previsiblemente el año que viene, ya que encuentra indicios de prevaricación y fraude a la administración en la tramitación de la obra portuaria. Fernando Palao, exsecretario de Estado, y Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado, también están en la lista de investigados, así como una docena de directivos de las empresas que conformaron la UTE Dique Torres, al considerar la Audiencia Nacional que hubo una posible connivencia entre unos y otros.

De forma paralela, hay otros dos procedimientos. Uno es la pieza separada por el programa de ocio 'A ver la ballena', financiado por el puerto como compensación a los gijoneses por las molestias causadas por las obras y que la jueza interpretó como una forma de pago a los constructores. Por otro lado, el procedimiento seguido en el Tribunal de Cuentas en el que se reclamaba el pago de 135 millones de euros a Menéndez Rexach y Díaz Rato.

El tribunal exoneró a ambos de esa reclamación, pero la resolución no es firme y se prevé que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado presenten el correspondiente recurso de apelación. De todas formas, expresidente y exdirector ya han ganado una primera batalla en una guerra que se prevé aún muy larga.