Tragsa activará el pretratamiento de la depuradora autorizado por los jueces

Los planes del Ejecutivo para la depuradora del este los desveló ayer el senador socialista Vicente Álvarez Areces durante su intervención en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cámara Alta. El PSOE logró un acuerdo unánime para que el Gobierno central agilice el pretratamiento autorizado por la Audiencia Nacional y el nuevo estudio de impacto ambiental que establezca la solución definitiva para la depuradora. La moción socialista sobre la planta de aguas residuales fue finalmente transaccionada y firmada por los grupos parlamentarios del PSOE, PP, Podemos y Grupo Vasco.

Desde que el ministerio supo de la admisión parcial del incidente de ejecución de sentencia planteado por la Abogacía del Estado ha estado tramitando la rescisión del contrato para la construcción de la nueva planta con la UTE liderada por FCC. El pretratamiento está ya finalizado y las pruebas de funcionamiento realizadas. En ese proceso de extinción del contrato la Administración recibirá las obras del contratista y a continuación encomendará a Tragsa la puesta en marcha de la parte correspondiente al desarenado-desengrasado ubicada en la planta construida en El Pisón.

Areces explicó que la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, le comunicó esta hoja de ruta al consejero Fernando Lastra en una reunión mantenida el pasado otoño. Todo este procedimiento se ha ido ralentizando porque el abogado de los vecinos de Somió colindantes con la instalación, Marcelino Abraira, recurrió la puesta en servicio parcial de la depuradora del este cuestionando que el desarenado y desengrasado, que apenas tienen efecto depurador para la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), permitan evitar la multa europea a España por la contaminación del mar de 38 aglomeraciones urbanas entre ellas Gijón.

Respecto al nuevo estudio de impacto ambiental que el Ministerio de Medio Ambiente está volviendo a tramitar para ajustarlo a Derecho, Álvarez Areces criticó ayer en la comisión del Senado los retrasos que acumula. «Realizadas las consultas previas durante el mes de abril de 2016 y pasados más de 14 meses desde el inicio de este trámite, se ha contratado la redacción del estudio el pasado julio, que cuenta con 11 meses de ejecución tras los cuales deberá someterse al trámite de información pública y consultas por un plazo de 30 días hábiles para posteriormente estudiar las alegaciones y realizar la declaración de impacto ambiental», enumeró.

Todo ello, según Areces, hace presagiar que «hasta 2019» no se dispondrá de una nueva declaración de impacto ambiental que establezca la solución definitiva para la depuradora del este. Plazo al que habría que añadir, en caso de que la alternativa elegida no se corresponda con la actual ubicación, el tiempo de licitación y construcción de la nueva planta.