La Sindicatura aflora un retraso de más de cuatro meses en la obra de Cabueñes

Tras revisar la documentación del expediente y hacer distintos requerimientos, los síndicos detectan diversas «incidencias». Entre ellas lamentan una «insuficiencia de medios adscritos a la obra por el contratista, según manifiesta repetidamente la dirección facultativa en su informe de ejecución».

En consecuencia hay «demoras en la ejecución, que se acumulan desde el inicio de la obra, en el mes de agosto, de tal forma que la undécima certificación de obra, correspondiente al mes de junio de 2023, acumula a origen un presupuesto de ejecución material de 3,4 millones (5,85% del presupuesto de ejecución material), cuando del calendario de ejecución contenido en el proyecto de obra, la ejecución a origen debía alcanzar la cifra de 17,3 millones (29,05%)».

El plan de obra acordado inicialmente con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC y Los Álamos tuvo que ser corregido. «Desde julio de 2023 se sigue otro nuevo programa de hitos, aprobado mediante resolución de 22 de agosto de 2023, en el que se acuerda, además, una ampliación en el plazo de ejecución de cuatro meses y cuatro días, aceptando como justificación de la ampliación no imputable al contratista demoras en permisos municipales para la tala y/o trasplante de árboles». Esa modificación del contrato sigue sin divulgarse en el perfil del contratante de la consejería.

Los síndicos no ocultan su extrañeza ante la justificación que se da a ese cambio de planes. Según recuerdan «el informe de ejecución emitido por la dirección facultativa correspondiente a febrero de 2023, tras seis meses de ejecución, ya estimaba un retraso acumulado de cuatro meses, donde el 'trasplante de árboles' era una de las veinte partidas sin ejecutar».

En aquel informe la dirección facultativa insistía en que era «necesario poner más medios para abordar la obra, tanto de maquinaria como de trabajadores. La extensión de la obra es muy grande y se puede abordar por varios frentes. El edificio de instalaciones, que es independiente y se podía haber iniciado antes, se encuentra igual de retrasado que el edificio principal».

Las demoras han seguido produciéndose después. En un informe del pasado 20 octubre la dirección contratada para supervisar los trabajos confirma que «el primero de los hitos contemplados en el nuevo plan de obra, que debía estar completado antes del 15 de septiembre de 2023, no ha sido aún alcanzado, imputando al adjudicatario la responsabilidad del incumplimiento».

El pasado 9 de enero el Principado remitió a la Sindicatura sus alegaciones al borrador del informe. En todo lo tocante a este contrato, la Consejería de Salud se limitó a «asumir» las observaciones hechas, procurándose la adopción de medidas que faciliten o garanticen el eficaz control sobre la ejecución del contrato objeto de revisión». También reconocía tener «en estudio el inicio de un expediente para la imposición de penalidades por demora en la ejecución de las obras».

El informe cuestiona algunos puntos de la licitación. El 71,43% de la puntuación que se daba a los aspirantes dependía de juicios de valor, una proporción que fue «informada desfavorablemente en el informe de los Servicios Jurídicos». La Sindicatura subraya que, dado el peso que tenían esos aspectos de la oferta, lo que correspondía era extremar el control sobre su cumplimiento.