Las sentencias para devolver el IBI cobrado de más, entre las razones de la subida fiscal

El motivo remite a la anulación por parte del Supremo de los dos planes generales de ordenación (PGO) que los anteriores gobiernos municipales socialistas habían aprobado en 2007 y en 2011. Y en particular, a los polémicos planes residenciales que preveía en parroquias como Granda, Porceyo y Castiello, los famosos urbanizables que no aparecen en el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad. Cuando se aprobó una ordenación que permitía la construcción en estos terrenos de edificios de hasta cinco alturas, ese suelo pasó a contar como urbano, con el correspondiente incremento de su valor catastral. Eso supuso a su vez una importante subida del IBI que debían pagar sus propietarios, en su mayoría grandes promotoras que sumaban miles de metros cuadrados de suelo.

La anulación judicial de los dos PGO conllevó que esas fincas volvieran a ser rústicas, con un valor catastral más bajo. Y sentencias posteriores, consecuencia de los pleitos iniciados por las promotoras en busca de indemnizaciones por el cambio de catalogación de los terrenos, determinaron que esta diferente valoración debía aplicarse con carácter retroactivo. Es decir, que el Ayuntamiento debía devolver la parte de IBI que les había cobrado durante varios años por un valor catastral que no era el que realmente debía aplicarse.

En el proceso de consulta pública abierto estos días en el portal de participación de la web municipal, al que está obligado el Consistorio antes de presentar su proyecto definitivo de ordenanzas fiscales, se hace referencia a esta cuestión para justificar la creación de un tipo de IBI más alto para los bienes de mayor valor catastral dedicados a actividades como el comercio, la hostelería y el aparcamiento y la implantación de nuevas tasas a las empresas eléctricas y de telefonía. «El objetivo es incrementar la dotación económica en materia de protección social (becas de libros y comedor escolar, ayudas de emergencia, subvenciones para creación de empleo y otras ayudas), así como hacer frente a los gastos derivados de sentencias correspondientes a litigios iniciados en anteriores legislaturas que suponen un importante quebranto para las arcas municipales».