«La sentencia del Muro se ejecutará porque no hay otra posibilidad», asegura la alcaldesa

Por el momento, el Consistorio ya ha renunciado a su derecho a recurrir el auto de ejecución provisional de sentencia emitido el jueves, aunque mantiene vivo el recurso que ya ha presentado ante el TSJA contra el fallo original que declaraba «no conforme a derecho» la peatonalización que se acometió en 2020 en el Muro. Es decir, acepta que deberá devolver de inmediato a los coches el espacio que les había quitado junto al paseo, pero no renuncia a que instancias judiciales superiores acaben dándole la razón con respecto a la legalidad de esa actuación. Y es precisamente ese el objeto de la caución impuesta por el juzgado, y que coincide con la cuantía solicitada por el Ayuntamiento. Que si finalmente los tribunales fallan a favor de la administración, no sean las arcas municipales las que corran con el coste de esa reversión de las obras. Si por el contrario se ratifica la sentencia, la plataforma recuperaría el dinero.

Ahora mismo todo queda precisamente a la espera de si Stop Muro cumple o no con esa condición de la jueza. Aunque si finalmente presenta esa fianza, Ana González admite que «no hay otra posibilidad» más que atender lo recogido en el auto. «Somos una administración cumplidora con sus responsabilidades y con el orden establecido», aseguró la regidora. En el momento en el que el aval esté entregado y el juzgado se lo comunique al Ayuntamiento, la ejecución de la sentencia tendrá que hacerse del modo más inmediato que sea posible.

El gobierno municipal conoció el sentido del auto de la magistrada el jueves por la mañana y ya ha encomendado a los servicios jurídicos y técnicos del Consistorio analizar los detalles de la sentencia para definir, llegado el caso, cómo darle cumplimiento en los términos marcados por el juzgado y sin que cualquier paso que se dé a partir de este momento pueda ser objeto de recurso u objeción. En este sentido, el fallo emitido el pasado 31 de marzo es claro y se atiene a la petición realizada por los demandantes, que no es otra que «la restitución del tráfico rodado de forma permanente sobre el carril actualmente destinado al tránsito peatonal».

En mayo de 2020, coincidiendo con el final del confinamiento domiciliario impuesto por el primer estado de alarma de la pandemia del coronavirus, el Ayuntamiento cerró al tráfico -en dos fases- el único carril del Muro que permitía circular en sentido hacia el Náutico. Y en verano de ese mismo año, mediante un procedimiento de emergencia, licitó por 292.129 euros las obras para trasladar al otro lado de la mediana el carril bici -que pasó a ocupar uno de los dos carriles que aún quedaban para el tráfico motorizado en sentido hacia el Piles- y pintar con un mosaico verde y azul, que los gijoneses bautizaron ya en sus primeros días como 'cascayu', la parte de la calzada que había quedado reservada a los peatones. La actuación se completó con la instalación de mobiliario a lo largo de la nueva zona de paseo.

Stop Muro recurrió ante los tribunales la resolución de Alcaldía que autorizó esas obras y a finales de marzo el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón les dio la razón, argumentando que la situación de pandemia no basta como justificación para acometer en uno de los lugares «con las aceras más anchas» de Gijón una intervención que no era acorde con lo que establece el planeamiento urbanístico de la zona, plasmado en el Plan Especial del Muro de 2004.