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El viceconsejero de Política Sanitaria del Principado de Asturias, Pablo García, ha mantenido esta mañana una reunión con los miembros de la junta de personal del Hospital de Cabueñes en la que les ha expuesto los motivos que han llevado a la Consejería de Salud a rescindir el contrato para la primera fase del proyecto de ampliación y reforma del complejo hospitalario con la UTE encargada de las obras.
Dos fueron las ideas trasladadas. La primera, que la cuestión económica no será impedimento para llevar a cabo el proyecto «porque dinero hay». Y que la dilatación de los tiempos no será excesiva porque la intención es que el nuevo proyecto de obra que se va a elaborar incluya ya aspectos que no estaban recogidos en el actual y que quedaban para una fase posterior, como mejoras en innovación, el diseño de las denominadas 'zonas grises', término con el que Salud serefiere a las áreas de laboratorio, farmacia, esterilización y hemodiálisis, y la dotación de equipamientos.
Según informaron fuentes de la junta de personal al término de una reunión que se extendió algo más de una hora, el viceconsejero se habría referido a una demora de «meses», horizonte temporal que a los representantes de la plantilla no acaba de dejar tranquilos. «Si con el actual contrato la licitación se resolvió en diciembre de 2021 y las obras no empezaron hasta agosto de 2022, estamos hablando de ocho meses. Y eso poniéndonos en el mejor de los casos, es decir, en que la licitación del contrato salga a la primera, pero todo este año 2025 es tiempo en que no se va a hacer nada en la obra», apuntan.
La junta de personal aprovechó el encuentro para manifestar su malestar por la falta de información respecto a la situación real de las obras que se estaban desarrollando junto al hospital. «Parecía que todo iba bien y de repente el viernes nos encontramos con la sorpresa de que paralizan las obras y resciden el contrato. Tenemos la sensación de que nos han estado engañando los últimos meses», se quejan al tiempo que recuerdan que mantienen reuniones periódicas con la gerencia del hospital «en las que nos podían haber trasladado que había problemas con la obra». La última, anotan, tuvo lugar «el mismo viernes por la mañana».
Horas después se encontraron con la noticia de que la Consejería de Salud rescindía el contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC y Los Álamos, a la que había adjudicado los trabajos de ampliación por 79 millones de euros, seis menos del precio con el que los había sacado a licitación.
En la reunión de esta mañana, Pablo García insistió en lo trasladado este fin de semana por la consejera Concepción Saavedra respecto a que fue el desacuerdo sobre la actualización de los precios que reclamaban las empresas lo que abocó a la decisión de rescindir el contrato. Según expuso, ese sobrecoste que planteaba la UTE de 20 millones de euros líquidos, cantidad que sobre el papel podría superar los 70 millones de euros, era «inasumible».
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