Rexach defiende el sobrecoste de la ampliación de El Musel para evitar «dejar la obra empantanada»

Antes de Fernando Menéndez Rexach, declaró Luis Sánchez del Río, que por enfermedad no había salido de su domicilio hasta ayer y solo indicó las fechas entre las que fue integrante del comité de gerencia de la UTE Dique Torres, que realizó las obras de ampliación del puerto. Después sí que comenzó el turno previsto en las declaraciones.

El presidente del tribunal, Francisco Javier Vieira, recordó a Menéndez Rexach su derecho a no declarar contra sí mismo. Y comenzaron las preguntas del fiscal Miguel Serrano Solís, quien siguió una estrategia cronológica para interrogar al expresidente portuario. Es más, en varias ocasiones realizó rodeos y reiteraciones en las preguntas a Menéndez Rexach, hasta tal punto que el presidente del tribunal le tuvo que llamar la atención.

Fernando Menéndez no quiso entrar en ningún aspecto técnico de las decisiones tomadas tanto durante la licitación como en la adjudicación y control de la obra de ampliación del puerto de El Musel, aduciendo que no era un ingeniero portuario y que eso corría por cuenta del entonces director, José Luis Díaz Rato. Pero sí que hubo algunos asuntos que dejó claros el expresidente, como que cuando él tomó cargo del puesto ya estaba elaborado el proyecto de construcción de la ampliación y que la obra estaba totalmente justificada en base a los futuros tráficos previstos. Puso como ejemplo recientes informaciones de EL COMERCIO que informaban de 16 proyectos a la espera de ubicarse en los nuevos muelles. En su opinión, la obra «estaba fundada y fundamentada». Un asunto que rechazó Menéndez Rexach es que el fiscal calificara de «carbonero» al puerto de El Musel, ya que Miguel Serrano fundamentaba su argumento en que las políticas europeas llevaban a la descarbonización y, por lo tanto, al menos transporte de carbón. Rexach lo negó y dijo que se trataba de un puerto «energético» y puso como ejemplo nuevas formas de generación de energía, como la regasificadora o la eólica marina.

Ya que el fiscal no conseguía fijar su posición de que la obra de ampliación no era necesaria, expuso ante el expresidente de El Musel un informe de la Inspección General del Ministerio de Fomento que ponía en duda la obra y los plazos previstos, pero Menéndez Rexach rebatió con otro informe al contrario de Puertos del Estado, así como que el propio representante de la Administración del Estado en el consejo de administración del puerto había votado a favor del proyecto.

Después de que el fiscal diera varias vueltas sobre el acuerdo de intenciones firmado con HC y Sato para el uso de la cantera de Aboño, así como el no uso de la cantera de Perecil por una denegación de permisos por parte del Ayuntamiento de Carreño, Miguel Serrano se centró en una reunión del 14 de marzo de 2006 en la que participaron el secretario general de Transportes, Fernando Palao; el presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, y el presidente y el director de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, respectivamente, con miembros de las empresas que conformaban la UTE Dique Torres. Rexach rechazó que se tratara de negociar nuevos precios, sino que «había una situación enquistada con las canteras». La constructora no conseguía el material pétreo cerca de la obra. Además, Rexach advirtió de que «era cuestión de días que se rompiera el equilibrio financiero de la obra». Es por ello por lo que después fue necesario, según explicó, realizar un modificado económico y temporal del proyecto, cuestión permitida por la UE para seguir aportando ayudas. Por eso, «había que buscar habilitar más fondos para que la obra no quedara empantanada y que el Cantábrico se la llevara». Es por ello por lo que se establecieron nuevos precios, pero las certificaciones se realizaban con los antiguos, que estaban acordes con las ayudas que habían concedido las autoridades europeas. «Se autorizó el gasto en precios nuevos siempre que no se sobrepasara el límite marcado por la UE. La UTE estuvo meses sin cobrar para no pasar ese límite. Después es cuando se hizo el modificado», remarcó Menéndez Rexach.

La acusación contra la Cementera Tudela Veguín, a la que se le piden 80 millones de euros como partícipe a título lucrativo, tomó ayer un nuevo cariz después de la intervención de su defensa. Hasta tal punto fue así que el propio presidente del tribunal, Francisco Javier Vieira Morante (asistido por los magistrados María Riera Ocáriz y Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez), rechazó el sobreseimiento de la imputación al estar ya abierto en procedimiento oral, pero indicó que «lamento que sea así». Además, recordó que solo el Ministerio Fiscal ha pedido que Tudela Veguín fuera imputada.

El letrado dijo que «estamos aquí porque hay una sola línea en el escrito del fiscal» que dice que la empresa fue partícipe a título lucrativo. «Nada más. No explica ni desglosa a quién habría que pagar», apuntó. Por eso, Tudela Veguín aduce indefensión y pide el sobreseimiento, pues no hay hechos que se consideren ajustados al «tipo de responsabilidad que se nos pide», al tiempo que recuerda que la empresa fue incluida en la lista de acusados en el último momento de la instrucción y «pasamos de no estar a sí estar».

Otro aspecto que se solventó ayer es que Francisco García Martín declarará el próximo jueves, ya que acaba de sufrir una delicada intervención quirúrgica. El presidente del tribunal. Además, todos los acusados podrán ausentarse de la sala de vistas una vez hayan prestado declaración, aunque tendrán que volver al final del procedimiento para ejercer su derecho a la última palabra. Los motivos aducido por las defensas y aceptados por el tribunal son de edad, salud y obligaciones profesionales de aquellos que aún están en activo.

Finalmente, en contra de lo que se había anunciado en un principio, el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (Ocan) no presentó la petición para que se uniera el delito de malversación de caudales públicos a los ya calificados por el Ministerio Fiscal. Hoy seguirá la declaración de Fernando Menéndez Rexach.