La regla de gasto dinamita la Corporación

«Nos han estado mintiendo cuando decían en plenos y comisiones que la previsión era cumplir con todos los parámetros. Ahora por fin han desvelado la verdadera razón por la que paralizaron las negociaciones presupuestarias», criticó la socialista Marina Pineda. Recordó que esta regla se calcula en base al gasto de los ejercicios anteriores «y durante años hemos estado asistiendo a niveles muy bajos de ejecución. Si cada vez gastas menos, el techo de gasto se va reduciendo hasta que llega un momento en el que es imposible atender a lo que tienes presupuestado».

Consideró «vergonzoso que se quiera responsabilizar de esta situación al gasto social». Y con respecto a la posibilidad de que el gobierno opte como medida de ajuste por la suspensión de la renta social municipal, se preguntó «cómo puede ser que lo que se presentaba como la medida estrella de Foro ahora digan que era un experimento puntual y coyuntural. No se puede jugar así con la vida de las personas».

El portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez, lamentó la existencia de un parámetro como la regla de gasto, «que es la fórmula que tiene el Gobierno central de impedir que los ayuntamientos hagan políticas sociales», pero coincidió en que a este incumplimiento se ha llegado «porque en 2016 la ejecución del presupuesto fue un verdadero desastre». Remarcó la rotunda negativa de su grupo «a que la renta social municipal se toque bajo ningún concepto» y destacó que más allá de una ayuda social representa una inversión de la que se benefician los comercios de la ciudad «y que incluso está generando puestos de trabajo».

Con respecto a las declaraciones de la alcaldesa de que ya en las negociaciones para la puesta en marcha de este programa se advirtió de que en el futuro habría dificultades para financiarlo, Suárez del Fueyo aseguró que «hubo un compromiso expreso de que se iba a mantener durante todo el mandato». La misma apreciación hizo el portavoz de IU, Aurelio Martín, quién señaló cómo en una de esas reuniones preguntó al director económico-financiero si esa línea de ayudas era sostenible en el tiempo, «y su respuesta fue que, por supuesto, sin ninguna duda». Confió en que la intervención de la alcaldesa poniendo el gasto social en el punto de mira «fuera porque tenía un mal día» y consideró que el problema real es que «este equipo de gobierno no sabe priorizar. Compra Quinta La Vega por 1,3 millones, le acaba de ofrecer un millón de euros a la Universidad... Pero luego culpa de todo a la renta social. Esto es un barco a la deriva».

Desde el PP el concejal Pablo González advirtió que su grupo «se opondrá tajantemente a cualquier plan de saneamiento que implique más impuestos para los gijoneses» y consideró que «además de por las políticas de cesión a Podemos, esto se ha debido a una mala gestión en todas las áreas del Ayuntamiento». También Ciudadanos rechaza «que se pretenda corregir esta situación a través del aumento de la presión fiscal».