La construcción de un vial de Jove en superficie obligaría a realizar más expropiaciones, según recoge el estudio de alternativas que esta semana adelantó EL COMERCIO. El soterramiento requería de la expropiación de 178.975 metros cuadrados de terreno, una operación que se lanzó ... en agosto de 2023, si bien para entonces una gran parte de los suelos ya estaban en manos del Ministerio de Transportes «puesto que el objeto general de dar un acceso al puerto de El Musel ya se trató de llevar a cabo en épocas anteriores», recogía el proyecto expropiatorio. Las alternativas que ahora se ponen sobre la mesa, sin embargo, harían necesario añadir nuevos suelos.
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En la propuesta que Ineco considera como la solución idónea, en la que la calzada discurriría deprimida con respecto a las aceras y carriles bici adyacentes, el vial en superficie ocuparía una superficie de 206.138 metros cuadrados, de los que 139.745 coincidirían con terrenos ya expropiados. Quedarían pendientes de expropiación 66.393, cuyo coste el estudio cifra en 696.000 euros. En caso de que se optara por la Alternativa 2, en la que la calzada discurre al ras de las zonas peatonales y ciclistas y que requiere de la construcción de terraplenes en la mayor parte del trazado, la ocupación subiría hasta los 229.442 metros cuadrados, de los que solo 152.081 coinciden con el suelo que ya está vinculado al proyecto. Por tanto, sería necesario incorporar otros 77.361, cuyo coste estima en 1.412.000 euros.
El apartado que el estudio de alternativas dedica a analizar el impacto sobre el patrimonio cultural incluye un ejemplo que deja claro lo que supone la larga espera por la ejecución de esta obra. Se trata de la panera de Casa Fuster, una construcción catalogada y de la que se incluyen imágenes de su estado en 2009 y en la actualidad. Si bien en la fecha inicial su estado general se consideraba ya «deficiente, con vegetación en la cubierta y el corredor en decadencia», ahora es casi imposible distinguirla entre la vegetación y, tras haber sufrido además un incendio, su estado es «muy deficiente» y corre peligro su integridad física.
El proceso de expropiación de los terrenos se prolongó desde 1997 hasta 2004, previendo en todo momento una partida para el traslado de la panera. En 2012 el Ayuntamiento pidió al Ministerio demoler los edificios en estado de ruina, entre los que se encontraba la panera. Ese año el Principado, previa consulta, autorizó el desmontaje de los elementos que corrieran peligro de desprendimiento y el almacenaje de las piezas que pudieran reutilizarse en otras construcciones». Para poder desmontarla era necesaria una declaración de ruina que se empezó a tramitar, pero «este proceso nunca se finalizó» y de hecho la panera sigue con protección integral en el catálogo municipal, que señala que su estado de conservación «es bueno».
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