El Principado paraliza un proyecto carbonero en El Musel hasta conocer su efecto en la playa

La compañía Marítima del Principado nació en Gijón en 2009 y tiene en marcha un plan de crecimiento que supondrá la inversión de ocho millones en El Musel y Avilés de aquí a 2023. En base al mismo, el pasado julio redactó un proyecto explicando al Principado que quiere utilizar 46.000 metros cuadrados en la trasera del muelle de Marcelino León, justo al inicio de la zona ampliada. La idea es lograr una capacidad de almacenaje de 500.000 toneladas de carbón, cribar un máximo de 500 de ellas al día y clasificar el granel.

La Consejería de Medio Ambiente sometió el proyecto a consulta pública y ha encontrado una respuesta inédita. Por primera vez, el Ministerio de Transición Ecológica advierte de que, para autorizar la actividad, debe analizarse antes el riesgo de que el carbón termine en San Lorenzo.

Así lo explica la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar. En un informe entiende que el promotor hizo una exposición «somera» de los efectos esperados ante «riesgos, accidentes graves o catástrofes». Desde 2018, la legislación exige a las empresas explicar no solo los impactos de la actividad propuesta, sino también lo que ocurriría caso de incendio, maremoto o terremoto.

El peticionario atendió la exigencia en su exposición. Dedica cuatro páginas a detallar, por ejemplo, que las variaciones climáticas de los últimos años provocan que sean «ya habituales la ocurrencia de ciclogénesis explosivas en el mar Cantábrico» y que una tormenta «extraordinaria podría producir el arrastre de gran cantidad de material particulado». «Asimismo, fuertes lluvias podrían provocar el arrastre por aguas de escorrentía de carbón fino hacia los sistemas de drenaje y su vertido al mar en cantidades importantes», apunta.

El riesgo se reconoce y para mitigarlo Marítima del Principado anticipa que su área de almacenamiento «se acondicionará de forma que se eviten los posibles vertidos». Al ministerio no le bastó y responde que «se debería estudiar en mayor profundidad la incidencia de las instalaciones propuestas sobre la calidad de las aguas del mar».

A su juicio, «puede existir un riesgo de que el material movilizado en su almacenaje por el viento o la lluvia acabe en aguas marítimas, pudiendo alcanzar las playas cercanas». El ministerio propone calibrar la magnitud de estos fenómenos en base al clima de Gijón. Su idea es verificar qué pasará «ante posibles accidentes o situaciones meteorológicas adversas que pudieran provocar que parte del material almacenado y acumulado en la parcela terminara llegando al medio marino más próximo».

Con esa objeción, el Principado tenía dos opciones: atenderla u obviarla, pues la competencia para dar el permiso a la empresa es suya. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente explican que se ha decidido lo segundo. El trámite se detendrá sin emitir resolución. En su lugar «se solicitará a la empresa que aporte información adicional en el sentido de lo requerido por el ministerio». Una vez recibida, para tener todas las garantías, se compartirá la información con Transición Ecológica para saber si cumple sus expectativas.

Es la primera vez que las administraciones condicionan los permisos a aclarar si el movimiento de granel en El Musel puede estar tras las manchas que tiznan la playa. La última petición para esos tráficos la hizo Lissan Coal en 2015. Quería hacer una planta de almacenamiento y clasificación de carbones y la misma dirección general del entonces Ministerio de Medio Ambiente ciñó sus preocupaciones entonces a los efectos en la calidad del aire, sin requerir nada más.

Hay pues un cambio en la administración. Entre los detonantes no puede obviarse la investigación abierta por el Instituto Nacional del Carbón (ahora renombrado como Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono) sobre las manchas que tiznan San Lorenzo, y que está demostrando que solo una parte de ellas puede proceder del hundimiento del 'Castillo de Salas' en 1986.