El Principado avisa a la oposición de que rechazar la refundación de la ZALIA «significa disolverla»

Entre 2014 y 2021 el Principado aportó a ZALIA S. A. unos 79,4 millones en forma de préstamo. El Ayuntamiento de Gijón, por su parte, hizo lo propio con otros 8,49 millones. Es un dinero que se le suministraba para que a su vez la mercantil tuviera con qué devolver el préstamo que le concedió en su día un sindicato bancario. Esa hipoteca la utilizó ZALIA S. A. para avanzar la urbanización del polígono de San Andrés hasta su estado actual. La idea inicial era vender parcelas y con esos ingresos hacer frente a las letras que giraban los bancos, pero ese esquema hace lustros que resultó inviable.

El resultado, a día de hoy, es que ZALIA S. A. tiene reconocidas en sus cuentas una deuda de 121,8 millones con dos de sus socios. Y que, pese al esfuerzo hecho, el Principado figura como propietario de la empresa pero solo en un 40% y el Ayuntamiento en un 10%. La Autoridad Portuaria de Gijón, pese a haber hecho aportaciones inferiores al Consistorio, sigue controlando un 30% de los títulos, la de Avilés un 15% y el Ayuntamiento de esa misma ciudad un 5%.

El proyecto de ley transformaría en acciones la deuda pública, de forma que el Principado controlaría el 86,2% de las acciones, el Ayuntamento de Gijón retendría un 9,43%, y las Autoridades Portuarias de Gijón y Avilés quedarían con un 2,77% y un 1,39% respectivamente. El consistorio avilesino seguiría con un residual 0,18%. Más allá de la cuestión propietaria, el objetivo es liquidar las deudas del balance para que, ya saneada, pueda entrar en el proyecto Sepides, la filial de la Sepi que se ha comprometido a aportar hasta quince millones.

Es el dinero que se calcula que hace falta para construir una subestación eléctrica, desviar una línea de alta tensión de EdP y ArcelorMittal, llevar el cableado interior por el polígono y ejecutar las restauraciones ambientales necesarias para que el Ayuntamiento recepcione la urbanización. Es decir, Sepides es ahora mismo la puerta abierta para culminar el polígono y ponerlo en condiciones para la venta.

Aprobar el proyecto de ley que autoriza el esquema exige del voto a favor de los socialistas y de al menos tres de los 25 escaños en manos de la oposición. El viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio del Principado, Jorge García, lo tiene claro: «Votar a favor es dar una oportunidad al desarrollo económico de Asturias». El directivo fue uno de los encargados de tramitar el borrador de norma y pulir todas sus aristas mercantiles. Estima que la operación supone «dar un rendimiento económico a algo que ya existe».

Refundar la ZALIA significa «que recupere su equilibrio con la entrada de Sepides, con quien ya hay un compromiso en firme por escrito para invertir y comercializar tanto el polígono de San Andrés como el suelo de las baterías de cok». Considera el viceconsejero que el desbloqueo de las obras de remate pendientes «activaría esa comercialización al tener ya la seguridad de que contará con ese recurso energético que ahora falta».

Eso sí, si aprobar la ley es «una oportunidad de futuro económico», darle portazo «significaría tener que ir a la disolución de la sociedad, con una pérdida absoluta de los activos que ya tenemos y, sobre todo, que nos está demandando el tejido empresarial», sostiene el viceconsejero. El Principado está persuadido de que la apertura de la variante de Pajares, el despegue del puerto de Gijón y la descarbonización de Arcelor van a dar «un nuevo impulso a la zona». La entrada del capital estatal en ZALIA permitiría, además, financiar parte de la tramitación urbanística necesaria para renunciar a los terrenos reservados para la denominada fase IV y así levantar las restricciones que ahora tienen sus propietarios.